¿Por qué en México los adolescentes no reciben las mismas penas que un adulto? El caso Flaviano reabre el debate

Mexicali,B.C.-El asesinato del conductor de plataforma Flaviano López Martínez, presuntamente cometido por tres adolescentes, reavivó una de las preguntas que con mayor frecuencia surge tras delitos de alto impacto: ¿por qué los menores de edad enfrentan penas considerablemente menores que un adulto?

La respuesta está en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente desde 2016, la cual establece un sistema distinto al de los adultos porque su finalidad principal no es el castigo, sino la reintegración social y familiar de quienes aún se encuentran en proceso de desarrollo.

Además de la legislación mexicana, el modelo está sustentado en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificado por México, que obliga a los Estados a considerar el internamiento como una medida excepcional y por el menor tiempo posible.

¿Cuánto tiempo puede permanecer internado un adolescente?

El artículo 145 de la ley fija los límites máximos de las medidas de sanción de acuerdo con la edad que tenía el adolescente al momento de cometer el delito.

Los menores de 12 a menos de 14 años no pueden ser privados de la libertad y únicamente pueden recibir medidas socioeducativas no privativas de libertad, con una duración máxima de un año.

Para quienes tienen 14 a menos de 16 años, el internamiento solo procede en delitos graves y su duración máxima es de tres años.

En tanto, los adolescentes de 16 a menos de 18 años pueden recibir hasta cinco años de internamiento, también únicamente en los delitos expresamente previstos por la ley.

Solo aplica para delitos específicos

El artículo 164 establece que el internamiento únicamente puede imponerse en delitos considerados de alta gravedad, entre ellos:

• Homicidio doloso y feminicidio.
• Secuestro.
• Violación.
• Trata de personas.
• Terrorismo.
• Lesiones que pongan en peligro la vida.
• Robo con violencia física.
• Delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército.
• Algunos delitos contra la salud.

Aun en estos casos, la ley ordena que el internamiento sea el último recurso y únicamente por el tiempo estrictamente necesario.

¿Por qué la ley funciona así?

El sistema parte del principio del interés superior de la niñez, reconocido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La legislación considera que un adolescente aún se encuentra en formación y que el Estado debe privilegiar medidas orientadas a la educación, la reparación del daño y la reinserción social antes que un modelo exclusivamente punitivo.

Por ello, además del internamiento, contempla mecanismos como la mediación, procesos restaurativos, libertad asistida, programas educativos, supervisión y otras medidas destinadas a disminuir la reincidencia.

Un modelo basado en tratados internacionales

La propia ley establece que todas sus disposiciones deben interpretarse conforme a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.

Entre ellos destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 37 dispone que la privación de la libertad de un menor debe utilizarse únicamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible.

Asimismo, el artículo 40 del tratado señala que el objetivo del sistema de justicia juvenil debe ser fortalecer el sentido de responsabilidad del adolescente y favorecer su reintegración a la sociedad.

El caso de Flaviano volvió a colocar este modelo jurídico en el centro del debate público, al confrontar la exigencia social de sanciones más severas con el marco legal nacional e internacional que rige la justicia para adolescentes en México.