“Pensiones de más de 70 mil pesos en funcionarios generan descontento en la gente”; especialista
Con la reforma a pensiones doradas se teme que la percepción ciudadana podría llegar a cuestionar ingresos superiores a los 70 mil pesos

MEXICALI, B.C — La reforma del artículo 127 de la Constitución Mexicana podría generar cambios importantes en los sistemas de pensiones del sector público en todo el país, al establecer un tope que limitaría los montos a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Así lo expuso Guillermo Eugenio Rivera Millán, fundador y socio director general de la empresa consultora PeñaRivera Confianza que Trasciende, quien participó en la reunión semanal del grupo Madrugadores de Mexicali, donde habla sobre el discurso oficial que habla de eliminar pensiones de lujo, de un millón o 500 mil pesos, pero la pregunta que Rivera Millán genera es cómo pasamos de esos casos a establecer un tope general cercano a los 70 mil pesos.
Rivera Millán advirtió que el alcance de la reforma podría ir más allá de algunos casos específicos de pensiones elevadas.
“No estamos hablando solamente de algunos funcionarios. La redacción incluye organismos descentralizados, empresas productivas del estado, fideicomisos públicos y diversas instituciones federales”, explicó Rivera Millan.
El debate también se centra en cómo estos cambios podrían afectar sistemas de pensiones construidos a lo largo de décadas, por lo cual el director comentó que es muy importante analizar cómo se aplicarán los nuevos límites.
En el contexto actual donde el país, donde gran parte de la población percibe ingresos considerablemente menores, un salario público que supere a los 70 mil pesos mensuales puede ser visto con descontento por parte de la sociedad.
El director comentó que la discusión sobre los topes salariales está directamente relacionada a la confianza de la gente hacia las instituciones públicas, ya que la percepción de privilegios dentro del gobierno puede afectar la confianza del servicio público.
“Por ejemplo, si alguien recibe o genera arriba de los 70 mil pesos se comenzará a percibir que es dinero ilegal”, explicó el director.
El reto que se establece ante la reforma no está solo en poner límites legales a los salarios, sino también en mantener un equilibrio que responda a las expectativas de la ciudadanía y a la responsabilidad de quienes ocupan cargos dentro del gobierno.
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