Congreso blinda autonomía sindical y prohíbe injerencia patronal en BC

Mexicali,B.C.-La XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley del Servicio Civil para prohibir y sancionar la injerencia patronal en la vida sindical de trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios, con el objetivo de garantizar elecciones libres, personales, secretas y democráticas.

La iniciativa fue impulsada originalmente por el diputado Juan Manuel Molina García y, en la misma línea, por las diputadas María Yolanda Gaona Medina y Santa Alejandrina Corral Quintero, así como por el diputado Juan Diego Echeverría Ibarra, lo que derivó en el Dictamen 79 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Con esta reforma, Baja California armoniza su legislación con el decreto federal publicado el 15 de diciembre de 2025, que establece nuevas disposiciones para proteger plenamente a las organizaciones sindicales frente a cualquier tipo de injerencia de servidores públicos.

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El nuevo artículo 69 BIS establece que los sindicatos deberán gozar de protección contra todo acto de intervención en su constitución, funcionamiento, administración y procesos electorales. Cualquier conducta contraria será considerada falta administrativa grave y sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

Entre los actos que se consideran injerencia sindical se incluyen la coacción o amenazas a trabajadores, presión jerárquica, condicionamiento de servicios o beneficios, financiamiento indebido, manipulación de procesos electorales, represalias por afiliación sindical, difusión de información falsa y uso de recursos públicos para proselitismo.

Además, el artículo 51 BIS de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que será responsable la persona servidora pública que incurra en estas conductas, ya sea de manera directa o a través de terceros.

Durante la discusión, el diputado Juan Manuel Molina presentó una reserva que fue aprobada por el Pleno para precisar el lenguaje jurídico del artículo 69 BIS y dejar claro que el catálogo de conductas es enunciativo, permitiendo sancionar futuras modalidades de injerencia.

Con esta modificación, el Congreso busca reforzar la autonomía sindical y delimitar la relación entre el Estado empleador y sus trabajadores bajo principios de neutralidad institucional y respeto a la libertad sindical.