Buscan fortalecer sanciones contra la extorsión digital en BC

Mexicali,B.C.-La extorsión ya no llega solo por una llamada desconocida: hoy se disfraza de mensajes, perfiles falsos, amenazas en redes sociales y hasta de supuestos secuestros virtuales. Frente a ese escenario, el diputado Fidel Mogollón Pérez propuso fortalecer el marco legal en Baja California para castigar con mayor claridad y eficacia la extorsión digital.

La iniciativa plantea una reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de precisar cuándo este delito se comete mediante medios electrónicos y tecnológicos, y dotar a las autoridades de herramientas más claras para investigar y sancionar estas conductas, que en los últimos años han tenido un crecimiento sostenido.

Mogollón explicó que, aunque en 2025 se aprobó una reforma integral en materia de extorsión, el delito ha evolucionado rápidamente hacia entornos digitales, generando nuevas formas de victimización que no siempre quedan claramente encuadradas en la ley.

Esta migración, advirtió, ha abierto espacios de impunidad y ha dejado a muchas víctimas sin una protección adecuada.

Entre las prácticas que más se han extendido se encuentran la extorsión telefónica, la sextorsión, la suplantación de identidad, las amenazas a través de redes sociales, el uso indebido de datos personales y los llamados secuestros virtuales, modalidades que no solo afectan el patrimonio, sino que provocan daños psicológicos y emocionales severos.

El legislador señaló que el Código Penal vigente considera el uso de medios electrónicos como una agravante, pero de manera general. La propuesta busca ir más allá y definir con precisión las características propias de la extorsión digital, así como establecer supuestos agravantes específicos, como el uso de información personal o contenido íntimo, la reiteración de las amenazas o el impacto directo en actividades comerciales y productivas.

La reforma no crea un nuevo delito ni incrementa la pena base, sino que ajusta el artículo 224 BIS del Código Penal para brindar mayor certeza jurídica, facilitar el trabajo de investigación y reforzar la protección a las víctimas, sin generar impacto presupuestal ni invadir competencias federales.