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San Diego demanda a la administración Trump por colocación de alambre de púas en la frontera con México

La ciudad acusa invasión de predios municipales y daños ambientales en una zona protegida del Valle de Marron, al sur de California, cerca de la línea fronteriza

San Diego demanda a la administración Trump por colocación de alambre de púas en la frontera con México

San Diego, California.- La ciudad de San Diego presentó una demanda contra el Gobierno Federal de Estados Unidos para frenar la construcción de una barrera fronteriza con alambre de púas en terrenos propiedad del municipio, ubicados en el Valle de Marron, una zona ambientalmente sensible cercana a la frontera con México.

De acuerdo con la querella, interpuesta este lunes, autoridades federales instalaron sin autorización una cerca de alambre tipo concertina en predios municipales que forman parte del Programa de Conservación de Múltiples Especies de San Diego, lo que habría provocado daños irreparables a hábitats protegidos, áreas ribereñas y pozas vernal, además de limitar el acceso de la ciudad para supervisar y administrar esos terrenos.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

La demanda señala como responsables al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Defensa y a otros funcionarios federales, argumentando que actuaron sin facultades legales, ingresaron de manera indebida a propiedad municipal y vulneraron acuerdos ambientales vigentes. Incluso, se acusa que personal federal, incluidos elementos del Cuerpo de Marines, participó en la instalación de la barrera sin el consentimiento de la ciudad.

El gobierno municipal sostiene que estas acciones ponen en riesgo el cumplimiento de compromisos ambientales asumidos por San Diego, entre ellos los relacionados con la conservación de especies y el acuerdo del Cornerstone Lands Conservation Bank, además de representar una ocupación ilegal del predio.

Entre los señalamientos legales se incluyen invasión de propiedad, afectación al interés público, violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo por actuar sin autoridad ni procesos adecuados, así como una expropiación inconstitucional al privar a la ciudad del uso de su terreno sin compensación ni debido proceso.

La fiscal de la ciudad, Heather Ferbert, afirmó que San Diego no permitirá que agencias federales ignoren la ley ni dañen terrenos municipales, al subrayar que la acción legal busca proteger los recursos naturales, hacer valer los acuerdos de conservación y defender los derechos de la comunidad.

Con esta demanda, la ciudad solicita medidas inmediatas para detener la obra, evitar mayores afectaciones ambientales y garantizar que se respeten tanto los compromisos de conservación como el acceso legal a los predios municipales ubicados en la franja fronteriza entre California y México.

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