Menos pleitos y más diálogo; apuesta nuevo código procesal para conflictos familiares

Mexicali, Baja California.- La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares marca un punto de quiebre en la forma en que se resuelven los conflictos familiares en México, al dejar atrás los juicios basados en la confrontación y dar paso a mecanismos que privilegian el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción de vínculos.

Así lo explica la doctora Amanda Columba Real Beltrán, profesora de tiempo completo en CETYS Universidad Campus Mexicali, quien señala que este nuevo marco legal reconoce que los problemas familiares no se limitan a lo jurídico, sino que arrastran cargas emocionales que, si no se atienden, profundizan el conflicto y afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.

Durante años, los procesos civiles y familiares se plantearon como disputas en las que una parte ganaba y la otra perdía, delegando la solución a un tercero.

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Ese modelo, advierte la especialista, generaba desgaste emocional, tensiones prolongadas y resultados poco satisfactorios para las familias. Con el nuevo código, se busca dinamizar los procedimientos, reducir tiempos y costos, y minimizar el impacto emocional que dejan los litigios prolongados.

En este nuevo enfoque, los mecanismos alternativos de solución de conflictos ocupan un lugar central, en particular la justicia restaurativa.

Este modelo prioriza el diálogo, la empatía y el acompañamiento profesional para reparar el daño y reconstruir relaciones.

La justicia restaurativa, subraya la académica, no se enfoca en determinar quién tiene la razón, sino en encontrar caminos para sanar y recomponer el entorno familiar.

El código también promueve la participación activa de las partes involucradas, invitándolas a reconocer el conflicto y asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones.

Aunque estos mecanismos no son obligatorios, ofrecen beneficios claros en términos de bienestar emocional y acuerdos más duraderos. No obstante, se establecen límites claros, dejando fuera casos graves como aquellos que involucran violencia sexual contra menores.

Además, el nuevo ordenamiento refuerza principios como la imparcialidad, la confidencialidad y la voluntariedad, al tiempo que protege de forma expresa los derechos de niñas, niños y adolescentes, impidiendo cualquier acuerdo que implique renunciar a ellos.

Más allá de una reforma legal, este cambio apunta a una transformación cultural en la forma de enfrentar los conflictos familiares, con procesos más humanos, cercanos y orientados a la convivencia pacífica. Una justicia que no solo resuelve expedientes, sino que busca reparar relaciones y proteger la dignidad de las familias.