BC aprueba ley contra extorsión con penas más severas y persecución de oficio
Con el voto unánime de la XXV Legislatura, Baja California contará con una nueva ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión,
Mexicali, Baja California.- Con el voto unánime de la XXV Legislatura, Baja California contará con una nueva ley para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, uno de los delitos que más daño causa a comerciantes, familias y sectores vulnerables en el estado.
El nuevo marco legal busca cerrar vacíos, unificar criterios y fortalecer la respuesta de las instituciones de seguridad y de la Fiscalía General del Estado.
La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue aprobada con 21 votos a favor y establece reglas claras de actuación y coordinación entre autoridades, además de definir obligaciones operativas y lineamientos de atención con enfoque de derechos humanos.
Con ello, se pretende dejar atrás la dispersión normativa que durante años provocó respuestas desiguales y poco efectivas frente a este delito, señala el comunicado del Congreso del Estado.
Uno de los puntos centrales es que la extorsión y los delitos relacionados se investigarán y perseguirán de oficio, lo que permitirá actuar de manera inmediata, sin necesidad de que exista una denuncia previa.
Esto busca proteger a las víctimas, muchas de las cuales no denuncian por miedo o amenazas.
La nueva legislación se alinea con la estrategia nacional y con la ley general publicada en noviembre de este año, que contempla penas base de entre 15 y 25 años de prisión, con castigos que pueden superar los 40 años en casos agravados, como cuando las víctimas son comerciantes, migrantes, menores de edad o adultos mayores, o cuando el delito se comete con violencia, armas, desde prisión o por servidores públicos.
Desde el Congreso del Estado se reconoció que la expansión de la extorsión refleja la capacidad de adaptación del crimen organizado y la urgencia de contar con herramientas legales más sólidas para enfrentarlo.
La ley aprobada busca precisamente responder a ese reto y ofrecer mayor protección a la ciudadanía.
Las iniciativas que dieron origen a este nuevo ordenamiento fueron presentadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el diputado Juan Manuel Molina García.
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