BC busca endurecer castigo a extorsión y va por su persecución de oficio

Mexicali, Baja California.-La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó por unanimidad el dictamen que crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en Baja California, una reforma que endurece las sanciones y establece su persecución de oficio.

El dictamen, identificado como el número 70, integra iniciativas presentadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el diputado Juan Manuel Molina García, y tiene como objetivo armonizar la legislación estatal con la Ley General de Extorsión, publicada a nivel nacional el pasado 28 de noviembre.

Con ello, se busca cerrar vacíos legales y dar mayor capacidad de respuesta a las autoridades frente a un delito que afecta directamente la seguridad, la economía familiar y la actividad productiva.

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Uno de los cambios más relevantes es el incremento al doble de las penas para quienes cometan extorsión, así como la obligación de las autoridades de investigar el delito sin necesidad de denuncia previa, una medida que apunta a reducir la impunidad y proteger a las víctimas, muchas veces inhibidas por el miedo.

Durante la sesión, legisladores coincidieron en que la extorsión se ha convertido en un fenómeno cada vez más sofisticado, impulsado por el uso de tecnologías de comunicación y estructuras criminales organizadas, por lo que la nueva ley permitirá unificar criterios, delimitar competencias y mejorar la coordinación entre instancias estatales y municipales.

Más reformas en seguridad y justicia

En el mismo bloque de trabajo, la comisión avaló reformas a diversas leyes locales en materia de seguridad, entre ellas la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Estas modificaciones, impulsadas también por el Ejecutivo estatal, buscan adecuar el marco legal de Baja California al nuevo modelo nacional de seguridad pública aprobado en julio de 2025, con énfasis en coordinación interinstitucional, modernización tecnológica y fortalecimiento de las capacidades de investigación.

A la sesión asistieron alcaldes y representantes de distintos municipios del estado, así como autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

El dictamen incorpora además aportaciones de diputadas y diputados de la XXV Legislatura, con la intención de ampliar el alcance de la nueva ley y consolidar un frente común contra la extorsión en Baja California.