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Proponen que el Estado y municipios paguen daños causados por baches

El diputado Diego Lara impulsa una reforma para eliminar trabas en los reclamos por daños provocados por calles en mal estado.

Proponen que el Estado y municipios paguen daños causados por baches

Mexicali, Baja California.- El diputado Diego Alejandro Lara Arregui propuso una reforma a la Ley de Responsabilidad del Estado para que los ciudadanos puedan exigir con mayor facilidad una indemnización por daños ocasionados por la falta de mantenimiento en calles y carreteras, como los provocados por los baches.

El legislador explicó que la iniciativa busca eliminar el requisito del dictamen pericial, que actualmente encarece y retrasa los procesos de reparación, lo que impide que los afectados obtengan una compensación justa por los perjuicios sufridos.

Lara Arregui señaló que la responsabilidad patrimonial del Estado es un principio esencial del Estado de Derecho, ya que obliga a las autoridades a responder por los daños que causen con su actividad irregular. Sin embargo, dijo que en Baja California el proceso se ha vuelto excesivamente formalista y poco accesible para los ciudadanos.

El diputado ejemplificó con los daños mecánicos que sufren los automovilistas al transitar por baches o calles en mal estado en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada o Tecate, donde los vehículos presentan neumáticos reventados, suspensiones dañadas o afectaciones al chasis.

Esa situación reduce la confianza ciudadana, porque el municipio genera el riesgo del daño, pero no asume responsabilidad eficaz. Reconocer ese problema fortalece la exigencia de una reforma que elimine barreras al acceso de reparación”, sostuvo.

La propuesta plantea un procedimiento más ágil y uniforme para todo el estado, donde el dictamen pericial sea opcional y no un obstáculo, además de establecer plazos máximos para resolver las reclamaciones y simplificar los requisitos de admisión.

Lara Arregui afirmó que la reforma busca un sistema de responsabilidad patrimonial más justo y humano, en el que la carga probatoria no recaiga únicamente en el ciudadano y en el que los daños ocasionados por omisiones del gobierno tengan una respuesta jurídica efectiva.

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