Gobierno del Estado denuncia coalición de servidores de Isesalud

Mexicali, B.C.- Por coalición de servidores públicos, el Gobierno del Estado interpuso una denuncia en contra de trabajadores de Isesalud, quienes presuntamente beneficiaron a la familia del actual alcalde de Tijuana, a través del arrendamiento de un edificio.

El edificio en cuestión es de Luis Alfredo González Cruz, está ocupado por el personal de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali (JSSM); la denuncia señala que el hermano del alcalde de Tijuana, traficó sus influencias para arrendarlo desde hace diez años.

La titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), presume que la celebración del primer contrato, se dio cuando Luis Alfredo González trabajaba en Gobierno, y sin realizar alguna licitación o presentación de propuestas.

La secretaria Vicenta Espinoza Martínez, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de coalición de servidores públicos, promoción de conducta ilícita y lo que resulte de la investigación.

Los implicados son el actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, el hermano del alcalde de Tijuana, Luis Alfredo González Cruz, Carlos Gómez Valdez, Miguel Ángel Marín, Miguel Roberto Alcántara Hernández, y quienes resulten responsables, dijo.

“Es el tema por la Jurisdicción de Mexicali, al hacer una indagatoria, nos encontramos con que cuando se firma este convenio, el señor Luis Arturo, se encontraba en Oficialía, beneficiándose de esta situación”, comentó.

“Hubo abuso de autoridad, tráfico de influencias, pues se presume que no hubo una presentación de ofertas por parte de otros proveedores”, declaró la secretaria de la SHFP.

“Estamos hablando de que presentamos esta denuncia para que la FGE lo investigue, con independencia de la responsabilidad administrativa que se interpone desde el órgano interno de control”, mencionó.

Señaló que este contrato se ha estado renovando, y viene desde cuando el hermano del alcalde de Tijuana trabajaba en Isesalud, ahí se complementó la coalición.

El daño patrimonial asciende a dos millones 600 mil pesos, comentó la secretaria. La familia de los González Cruz se acercó para de voluntad propia cerrar el asunto, no obstante, la secretaria continuó por la vía legal.