Anapromex continua trabajando: Fidel Villanueva

A pesar de las acciones en contra que ha emprendido el Gobierno del Estado no se ha detenido la operación de Anapromex en Baja California, afirmó el líder de la organización Fidel Villanueva.

Durante una rueda de prensa realizada en Mexicali, anunció que próximamente Anapromex volverá a abrir sus puertas en el estado, aún a pesar de la investigación en su contra que llevan las autoridades estatales.

Señaló que hasta el momento ninguno de los socios de la organización ha sido imputado o vinculado por algún delito, y que aún mantienen amparos federales para poder continuar con sus operaciones.

"Anapromex va a abrir sus puertas, ya no tarda en venir esa ayuda para que destrabe a jueces bribones que tenemos demandados, a MP que hemos demandado" afirmó.

De momento, explicó Villanueva, las operaciones y nuevas afiliaciones se están llevando a cabo de manera virtual y actualmente cuentas con al menos 100 mil familias dentro de su padrón en Baja California, aunque admite que anteriormente el número era mayor.

En la reunión Villanueva criticó también el padrón vehicular en el que actualmente trabaja el Gobierno del Estado, afirmando que es ilegal y que incluso se podría llegar a sanciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según un oficio compartido por el personal de Anapromex, emanado de la Dirección General Adjunta de Legislación Aduanera y Comercio Exterior de la Secretaría de Hacienda, el estado de Baja California se encuentra obligado "a no otorgar tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de vehículos que no acrediten la legal importación, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país".

Asimismo, se señala que las Unidades Administrativas de la dependencia se encuentran analizando la "procedencia de las sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación".

Sin embargo, en ningún momento se señala en el oficio presentado que ya se hayan definido sanciones para las autoridades estatales de Baja California.