Son 70% de atenciones por violencia hacia mujer

atendidos en la Unidad de Violencia Intrafamiliar (UVI)

, en la mayoría

, según la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM).

Durante el mes de enero y febrero del año 2017, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4),

Espectaculos

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En todo el Estado se reportaron 8 mil 447 llamadas al C4, de las cuales en Ensenada corresponden 1 mil 128, en Tijuana 3 mil 334, Mexicali 3 mil 582, Tecate 189 y Rosarito 214.

La coordinadora de UVI, Cruz Amelia Ahumada Luna, señaló que la violencia de género no responde a un nivel socioeconómico, cada año van aumentando los casos, debido a que se extiende la cultura de la denuncia, destapando poco a poco la cifra negra.

Precisó que las colonias donde hay mayor número de llamados es en las colonias como

También hay alta incidencia en la

En el

se concentran en el

, además de los

Precisó que

sin embargo sí varía el nivel de la violencia, pues suele darse por drogas, mientras que en un lugar con mejor economía, la violencia es presentada por cuestiones de patrimonio.

Explicó que las manifestaciones de violencia contra la mujer más reiteradas son las lesiones agravadas por el parentesco, es decir parejas, seguido de daños en propiedad ajena por separaciones.

El 70% de los casos la violencia es contra la mujer, el 20% hacia los menores y el 10% de los casos de la mujer hacia el hombre, sospechan que esta última modalidad es más grande pero el hombre no denuncia.

Va en aumento en virtud de que en violencia familiar viene de las prácticas de confiar para denunciar, se atreve a dar conocimiento de esa cifra negra que está oculta porque la víctima decide callar.

La agente Ahumada señaló que el UVI responde a los llamados realizados al 911, para darles protección, recibiendo a la víctima para darle asistencia emocional y posteriormente la asesoría legal.

Según la CEDH, un total de 48 quejas fueron presentadas por mujeres en lo que va del año 2017 por presuntas vulneraciones a sus derechos humanos, de las cuales Tijuana se llevó 29, Mexicali 9, Ensenada 7, Tecate 2 y Rosarito 1.

Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados en dichas quejas fueron; derecho a la seguridad jurídica; derecho a la educación y derecho a la protección de la salud.

Los principales hechos violatorios en dichas quejas fue faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficacia en el desempeño de las funciones; prestar indebidamente el servicio público e impedir el acceso a servicios de educación.

Las principales autoridades señaladas en dichas quejas de mujeres son el Sistema Educativo Estatal (SEE), seguido de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Salud del Estado.

Entre los representantes de diversos gremios de Baja California, en el marco del Día de la Mujer, concluyeron que si bien hay avances legislativos, la aplicación de las normas no se está cumpliendo a cabalidad, dejando muy lejos la igualdad entre seres humanos.

Una simulación de aplicación de la ley con perspectiva de género es lo que logró Baja California, según los argumentos de abogados y representantes de organizaciones civiles, provocando una seria desventaja para la mujer, como lo fue el caso de Kenya.

A sus 19 años Kenya ya contaba con un historial de maltratos por parte de su pareja y su familia, la cultura machista fue introyectada en su cerebro como lo correcto, pero fue cuando peligró su vida que cometió el delito que hoy la tiene tras las rejas.

Así como Kenya, cientos de mujeres están siendo violentadas según las estadísticas de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM), el 70% de la violencia intrafamiliar, azota a las mujeres.

El pasado mes de septiembre, Kenya le puso fin a una relación tóxica que estuvo a punto de matarla. Esperó la llegada de su pareja para acabar la relación, el ofendido, intentó estrangularla, pero el sentido de supervivencia de Kenya la hizo tomar un cuchillo con el que le quitó la vida.

Pero para el Ministerio Público no se trató de un homicidio en defensa propia, sino de un asesinato agravado por el parentesco, lanzando el mensaje a las víctimas de violencia, de que más vale no defenderse o podrías perder la libertad, mencionó Rebeca Maltos, presidenta de Gente Diversa.

Pedro Ariel Mendívil García, abogado penalista y presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, adoptó el caso con la convicción de que Kenya debe ser liberada.

Precisó que al caso de Kenya le dieron seguimiento por una preocupación natural, luego fueron llamados por asociaciones civiles en pro de los derechos humanos para que intervinieran, pues se trataba de una injusticia por género.

Al revisar la carpeta de investigación, pudieron advertir una serie de deficiencias, situaciones contrarias a derecho, desde su óptica registraron violaciones de carácter legal cometidas en perjuicio de Kenya.

“Hicimos un cruce de información, llegamos a la conclusión de que Kenya, no solamente es víctima de los hechos cometidos por la persona que vivía con ella, no sólo es víctima de violencia intrafamiliar, no sólo es víctima del sistema, sino que definitivamente es una mujer inocente”, aseveró.

Los abogados tomaron la defensa y están en etapa de investigación recabando pruebas, a lo que ven, el caso llegará a juicio oral donde se definirá si hay responsabilidad por parte de Kenya.

Ella vivía bajo violencia emocional, familiar, psicológica y física; no del momento en relación a la persona con la que cohabitaba, sino a una cultural heredada de sus diversas relaciones interpersonales con su propia familia, reveló el abogado.

Fue una víctima social como muchas otras mujeres en la historia del estado y el País, por una gran desventaja cultural y de idiosincrasia en que la mujer ha sido situada por debajo del hombre, comentó Mendívil.

Eso la llevó a una situación vulnerable, se vio inmersa en una toma de decisiones en las que pretendía terminar con una relación, lo que conllevó a una discusión verbal y física con el ahora fallecido, relató el abogado.

Aclaró que esta es una parte que el fiscal debió de haber explorado, pues la fiscalía consideró que con los elementos que tenía era suficiente para judicializar y pedir una imputación por el delito de homicidio agravado por relación de parentesco.

“Ahí se vulneró el primer término de la perspectiva de género, en vez de hacer una investigación exhaustiva a la parte de la violencia de género que estaba padeciendo Kenya, simplemente determinaron”, acusó.

Ahora esperan una acusación formal por parte de la fiscalía, una audiencia intermedia donde se desahoguen pruebas, falta poco tiempo para que lleguen al momento en que será juzgada definitivamente.

Desde su óptica, no se dio el normativo de homicidio calificado agravado por el parentesco, peor aún que no lo haya observado el fiscal, la defensa pública, ni el juez de amparo ni el colegiado, señaló.

“La gran pregunta que no se hicieron es qué es el concubinato, la corte definió que debe haber la existencia de un hijo, si no lo hay, se estima en algunas legislaciones que debe haber una cohabitación durante mínimo dos años”, informó.

Ellos tenían seis meses viviendo juntos, por lo que de ninguna manera esto puede ser concubinato, por eso dijo que resulta incomprensible que hayan formulado una acusación bajo el supuesto de parentesco que es el agravante.

El homicidio simple intencional tiene una pena de ocho a quince años, mientras que el agravado por parentesco va de los 16 a los 30 años.

Estas injusticias dijo que se deben a las deficiencias del sistema que tienen que ver con la vocación, el desinterés y la falta de capacidad.

“Como defensores particulares gratuitos vamos a ir en búsqueda de una libertad absoluta, pero en el peor de los casos, el juez debe reclasificar por homicidio simple intencional, porque la penalidad es muy diferente”, recalcó.

Seis meses de una relación enmarcada por la violencia física, emocional, psicológica, por parte del hoy occiso, él la tenía en una especie de secuestro, en su experiencia, dijo que hay secuestros mucho más graves que el físico, como el emocional.

“El que no haya golpes físicos, no significa que no sea una condición para que se haya dado una legítima defensa, pero sí existieron lesiones por parte de él”, aclaró.

Finalmente señaló que hay un avance en el sistema igualitario de condiciones entre los seres humanos, no se trata de hombre o mujeres, sino de humanos, por eso la lucha de reivindicación para lograr ese equilibrio es justo y necesario.

“Se debe de contribuir para que haya un mundo sin diferencias, no se deben de formar contingentes pues somos una sola raza, es un día para festejar pero hay que atender muchos temas de políticas públicas”, concluyó el abogado Mendívil.

Rebeca Maltos Garza, indicó que hay mucho esfuerzo por una democracia paritaria, pues por primera vez habrá presidentas municipales y el siguiente gobernador debe de ser una mujer, eso es el principio de democracia paritaria.

Precisó que aún existe el acoso contra la mujer, la violencia económica, desde el hecho de que una fémina tiene el mismo cargo que un hombre y sigue ganando menos.

Hay techos de cristal con los que topa la mujer y no le permiten avanzar, a ellas no se les promueve.

Las mujeres dedican dos terceras parte de la limpieza domestica no remunerada, mientras que el hombre sólo una tercera parte del tiempo, esa violencia es invisible y sutil, ejemplificó Maltos.

De cada diez mujeres de 15 años y más en Baja California, seis han sufrido un incidente de violencia ya sea económica, física, psicológica y emocional, contextualizó.

“No se está considerando el secuestro en el que viven las mujeres donde un hombre las tiene amenazadas en sus hogares, les quitan su visa, su trabajo, todavía se piensa que el secuestro es el de los grandes empresarios”, reclamó.

Ya existe un marco legislativo de derechos constitucionales, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley general de igualdad, pero no se aplica como debe de ser por todos los niveles de gobierno, hay mucha ineficiencia, aseveró.

El estado debe de brindar una vida libre de violencia a las mujeres y debe destinar presupuesto público para ello, dijo Maltos, existe el marco pero los servidores públicos no lo han querido aplicar.

Luego de que se pidiera una alerta de género para Baja California, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) hizo 15 recomendaciones al estado.

Maltos precisó que el estado las acató entre comillas, aseverando que la ley local está mal hecha, y que no han atendido sus peticiones de una reunión para tratar el tema.

“Se hizo al balazo, los protocolos para la prevención, la sanción y la erradicación que dice la ley que deben de contener, no están, por lo que se cumplió de manera simulada con las recomendaciones”, justificó.

Han solicitado reunión con el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, desde hace un año y medio, sin embargo no han sido atendidas por el funcionario, lo cual calificó como violencia institucional por la omisión de sus responsabilidad.

Por esta misma razón, hace cinco meses interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“No es lo mismo un homicidio a una mujer o un hombre atropellado, a que venga tu pareja que de por medio realizó violación sexual y tortura, uno es un feminicidio”, aseveró.

El único feminicidio en Baja California que está consignado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), tenía 20 años mínimo de pena, y porque él se declaró culpable, le bajaron la pena a 18 años, explicó Maltos.

“Al día siguiente un hombre que confiesa que mató a un policía le dieron 30 años, es decir que no se está aplicando el protocolo, lanzando un mensaje de que una mujer vale menos que un policía, eso es machismo, eso es violencia de género”, aseveró.

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