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Caso Oliver Acuña: Estado mexicano rechaza acuerdo amistoso

Oliver Acuña, periodista mexicano fue detenido arbitrariamente y torturado por policías en 2006 en el estado noroccidental de Sinaloa, donde pasó dos años en prisión acusado de un homicidio que no cometió.

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Por El Universal

Caso Oliver Acuña: Estado mexicano rechaza acuerdo amistoso(Facebook)

Caso Oliver Acuña: Estado mexicano rechaza acuerdo amistoso | Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.- En el campo de los derechos humanos de los periodistas, el gobierno de México sigue tropezando con los mismos obstáculos para impartir justicia de forma eficiente y adecuada que caracterizaron a las pasadas administraciones del PRI y del PAN, como lo evidencia el caso de Olivier Acuña Barba en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como EL UNIVERSAL in English reportó en agosto, luego de que Acuña Barba rindiera testimonio ante la 67 sesión del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en Ginebra, el periodista mexicano fue detenido arbitrariamente y torturado por policías en 2006 en el estado noroccidental de Sinaloa, donde pasó dos años en prisión acusado de un homicidio que no cometió.

Su pesadilla estaba lejos de terminar después de que resultó exonerado y liberado en la prisión de Aguaruto en Culiacán, la capital estatal; debido al acoso y amenazas de muerte huyó de México, perdió su hogar y todavía vive en el exilio separado de su esposa y sus dos hijos quienes, como enfatizó en la sesión del CAT, también fueron víctimas de los abusos del gobierno de Sinaloa.

Tras un largo proceso legal en el que Acuña Barba ha sido representado por Redress, organización no gubernamental pro derechos humanos con sede en Londres y La Haya, el 20 de junio de 2019 el gobierno federal mexicano notificó a la CIDH el inicio de un proceso de acercamiento con el objetivo de analizar la posibilidad de negociar un acuerdo de solución amistosa en el Caso 13.432 Olivier Acuña Barba y Familia.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información enviada a la CIDH, el pasado 19 de marzo el gobierno mexicano argumentó que después de una “revisión exhaustiva” efectuada por la Secretaría de Gobernación, “no se identifica que el Estado haya incurrido en violaciones a derechos humanos que ameriten la celebración de dicho acuerdo”.

La respuesta detalló que los médicos legistas concluyeron que Acuña Barba no presentaba huellas de lesiones, como parte de una investigación oficial realizada en 2006 por autoridades de Sinaloa, al reportar asimismo que los delitos imputados al periodista no son delitos de opinión, ni se vulneraron las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, recordó, “no tiene elementos para inferir que su detención y posterior enjuiciamiento penal por delitos de carácter común fueron en represalia por sus actividades profesionales o sus escritos”.

El Estado mexicano, aseguró la respuesta, “considera que la detención del señor Olivier Acuña fue legal y no arbitraria, ni se cometió como herramienta para coartar su libertad de expresión”, añadiendo que por dichas razones “el Estado mexicano se encuentra imposibilitado para llegar a una solución amistosa”.

En pocas palabras, con esta postura el caso regresó a la misma situación en la que se encontraba hace 14 años, pese a las numerosas pruebas interpuestas en diversas instancias por Acuña Barba y sus representantes jurídicos. Sólo como ejemplo, en 2018 Redress presentó a la CIDH una petición actualizada en la que resaltó que durante 16 horas de tortura Acuña Barba sufrió ahogamiento simulado (waterboarding), fue golpeado y recibió amenazas de muerte en su contra y en contra de su familia.

Reporte médico

También en 2018, un reporte médico elaborado por el doctor Pau Pérez-Sales, destacado experto en la preparación de informes apegados al Protocolo de Estambul, determinó que los primeros exámenes médicos practicados a Acuña Barba carecieron de la objetividad y del rigor necesarios que se requieren en información de este tipo.

El análisis del doctor Pérez-Sales afirmó que Acuña Barba continúa padeciendo un cuadro severo del desorden de estrés postraumático (PTSD), como resultado de su tortura.

Redress enfatizó que la detención y tortura se dieron en el contexto del trabajo de Acuña Barba como periodista, que incluyó investigaciones en torno a la corrupción de funcionarios de Sinaloa y al crimen organizado, publicadas en su diario Sinaloa Dos Mil. En el mismo expuso la supuesta complicidad entre grupos criminales y la policía judicial, así como su participación en homicidios, narcotráfico y robo de autos.

Dado el éxito logrado por la publicación, el entonces gobernador Juan S. Millán Lizárraga, mediante un asistente, ofreció a Acuña Barba financiarla a cambio de censura; luego de que el periodista rechazó la propuesta, el camión de la empresa, conducido por su esposa, fue embestido por otro vehículo y ella, junto a un empleado, fue detenida.

Posteriormente, el monopolio estatal del papel PIPSA se negó a vender a Sinaloa Dos Mil el material necesario para su publicación, con lo que contribuyó a una restricción indirecta de la libertad de expresión y, consecuentemente, a una violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En declaraciones a EL UNIVERSAL in English, Acuña Barba expresó su preocupación por la decisión del gobierno mexicano de abandonar la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso, arguyendo que su propia averiguación del caso no arrojó nuevas pruebas e información.

“Me parece que esta decisión es absurda ante la existencia de tres informes independientes que demuestran que fui torturado, además de la intervención del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y de Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional (AI), señalando que es obvio que fui detenido y que mis garantías individuales fueron transgredidas”, subrayó.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, recordó, llevó a cabo una indagación completa en la que puntualizó que nunca fue presentado por la policía al Ministerio Público, concluyendo que se le secuestró, torturó y detuvo bajo acusaciones falsas. El reporte de la comisión también confirmó que los derechos de su familia resultaron violados.

Acuña Barba destacó que Iván Alonso Báez, quien trabajó como abogado en la ONG Artículo 19 México, visitó Culiacán para recolectar evidencias del caso, donde tres periodistas, entre ellos Javier Valdez Cárdenas, fundador del diario Riodoce, asesinado en 2017, le confirmaron que su detención “ocurrió por órdenes superiores de la Ciudad de México y por mi trabajo periodístico”.

Por su lado, Chris Esdaile, abogado de Redress que trabaja en el caso, indicó que el gobierno mexicano parecía interesado en un arreglo amistoso. En abril de 2019, dijo, se envió una propuesta formal a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación con los términos en los que Acuña Barba estaría dispuesto a solucionar el caso.

No obstante, “después de un retraso de casi un año, finalmente notificaron a la CIDH que ya no están interesados en solucionarlo. Seguimos creyendo que Olivier tiene un caso firme a su favor. Ahora debemos esperar a que la CIDH lo resuelva”, agregó Esdaile.

Pese a la buena fe y la voluntad de cambiar las estructuras corruptas del pasado heredadas por la actual administración federal mexicana, sus autoridades han encontrado una serie de escollos y costumbres arraigadas que parecen irremontables.

Apenas este año, EL UNIVERSAL reveló que Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)—una agencia creada en 2013 para ayudar y compensar a víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos—se quejó durante conversaciones en privado de los grupos que han explotado su apoyo y financiamiento.

“Todos creen que somos la lotería nacional”, aseguró Gómez Pérez en un audio filtrado. Más tarde explicó que menos de diez abogados corruptos convencen a las víctimas de que tienen derecho a una reparación completa demandando a la CEAV por cantidades millonarias, a fin de cobrarles casi 60% del dinero.

Hay más de 32 mil personas registradas como víctimas y la agencia enfrenta un retraso de 5 mil expedientes, mientras que su presupuesto anual asciende a 650 millones de pesos (USD $26 millones).
 

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