Señalan reducción de fondos para víctimas de violencia en El Salvador
Este señalamiento se da en momentos en los que la organización busca que el Congreso retome la discusión de una ley para atender a las víctimas de desplazamiento forzado y busque fuentes de financiación para programas específicos.
SAN SALVADOR.- La organización humanitaria Cristosal señaló este jueves que el proyecto de presupuesto para el 2020 que estudia la Asamblea Legislativa de El Salvador presenta una reducción de los fondos para la atención de las víctimas de la violencia.
Este señalamiento se da en momentos en los que la organización busca que el Congreso retome la discusión de una ley para atender a las víctimas de desplazamiento forzado y busque fuentes de financiación para programas específicos.
PRESUPUESTO RECORTADO
De acuerdo con un estudio financiero de la organización, el presupuesto destinado a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), que administra el Programa de Atención a Víctimas y Testigos, presenta una reducción del 3,7 %, pasando de 5,36 millones de dólares en el presupuesto de 2019 a 5,16 millones en el proyecto para 2020.
Por otra parte, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo de Nayib Bukele destina a los programas de "atención a víctimas y equidad de género" del Ministerio de Seguridad un monto de 269.300 dólares, por debajo de los 296.100 dólares asignados en el 2019.
El documento de Cristosal señala que la suma de ambos presupuestos para 2020 es de 5,66 millones de dólares, lo que representa un 1,33 % del presupuesto total del Ministerio de Seguridad.
"Este indicador refleja la poca relevancia que la atención a las víctimas de la violencia significa para el Estado", acotó la organización no gubernamental.
FONDOS PARA DESPLAZADOS
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano emitió en julio de 2018 una sentencia con la que amparó a una familia de 33 personas desplazadas por la violencia generada por las pandillas.
En dicho fallo los jueces constitucionales determinaron que la actual legislación de protección a víctimas y testigos es "anacrónica, restringida y deficiente" para atender a las víctimas de desplazamiento forzado, por lo que ordenó a los diputados crear una normativa especial.
Según Cristosal, "un detalle que puede ser un paso positivo hacia el cumplimiento del mandato de la Sala de lo Constitucional es la apertura de una unidad presupuestaria específica" en el presupuesto del Ministerio de Seguridad para atender a los desplazados.
La organización de derechos humanos estima que implementar la ley de protección a víctimas de desplazamiento forzado requeriría de 10 millones de dólares el primer año y de 9 millones para los siguientes dos años.
Este dinero serviría para la instalación de 14 albergues para atender a 123 personas, afectadas por este fenómeno, por año.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
El análisis de Cristosal establece que como posibles fuentes de financiación el incremento de impuesto "ad-valorem" del 100 % a las armas, municiones, explosivos y artículos similares, dicho pago actualmente es del 30 %.
También propone destinar los fondos recaudados mediante un impuesto a las telecomunicaciones y ganancias superiores a 500.000 dólares establecido en 2015.
La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
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