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El Imparcial / Mundo / Fuga de reos

Ministra de Justicia de Paraguay señala que no ha recibido imágenes de la fuga de reos

Las imágenes aportarían las claves para determinar si hubo apoyo de las autoridades y guardas de la cárcel.

PARAGUAY.- Cinco días después de la fuga de 75 reos de un cartel criminal brasileño de una penitenciaria de Paraguay, gran parte de la investigación gira en torno a los videos del circuito cerrado, que están en poder de la Fiscalía y no han sido facilitados al Ministerio de Justicia, como señaló este viernes su titular, Cecilia Pérez.

Las imágenes aportarían las claves para determinar si hubo apoyo de las autoridades y guardas de la cárcel, que es la teoría que se maneja sobre la fuga de esos integrantes del Primer Comando Capital (PCC).


La fuga se produjo supuestamente a través de un túnel, aunque algunos testimonios aseguraron que muchos presos escaparon por el portón principal.

Otra de los temas a dilucidar consiste en el papel de los militares desplegados en el perímetro de la cárcel, con base en la Ley de Emergencia Penitenciaria, y que no detectaron nada anormal.

Sin embargo, poco se ha divulgado sobre esas imágenes, a cargo de una empresa privada, dentro de una investigación que ha provocado roces entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia.

Así las cosas, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, se reunió este viernes con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, para acordar "estrategias para poder colaborar en la investigación conjuntamente".

"Vamos a estar trabajando con puntos focales tanto del Ministerio como de los fiscales a cargo de la investigación", afirmó Pérez en rueda de prensa tras la reunión con Quiñónez.

La ministra admitió que hubo una "falta de coordinación, de información" con la Fiscalía, y que ello quedaría subsanado a partir de ahora.


"Todo lo todo lo que tiene que ver con la filmación y cómo ocurrieron los hechos están en poder la Fiscalía y cuando se cierre (la pesquisa inicial de esa entidad) vamos a tener más resultados", afirmó Pérez.

Hasta la fecha hay detenidos 32 funcionarios de prisiones, incluido el director del penal, Cristian González, y el jefe de seguridad, Arnaldo Matías Báez, todos imputados por "liberación de presos, frustración de la ejecución penal y asociación criminal".

La Fiscalía allanó el jueves la casa de ambos, siendo la de González un residencia que llamó la atención por un cierto lujo que supuestamente no se ajustaría a sus ingresos.

Además hay capturados ocho reclusos, mientras que uno se entregó.

Este último, que se entregó en una comisaría de Pedro Juan Caballero, declaró a los medios que "muchos salimos por el túnel, muchos por el frente (portón) también".

Sus familiares denunciaron que sufrió golpes por parte de los guardias tras reingresar en la cárcel de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil.


Al respecto Pérez anunció que este lunes viajará a Pedro Juan Caballero, 450 kilómetros al noreste de Asunción, para informarse personalmente sobre los recapturados, de los funcionarios procesados y de la denuncia de torturas.

"Tenemos que avanzar en las investigaciones internas, que también están abiertas, por un lado. Por otro lado, tenemos que ver la situación de las personas que están recapturadas versus las personas que están imputadas y privadas de libertad y que eran funcionarios del ministerio", dijo la ministra.

La propia ministra denunció esta semana que la fuga se debió a la corrupción que impera en el sistema penitenciario del país, cuyos penales sufren además de hacinamiento por el uso excesivo de la prisión preventiva.

Pérez había denunciado en diciembre de 2019 la existencia de un plan fuga de ese penal, con una recompensa de 80.000 dólares por parte del PCC para esa liberación.

Esa alerta fue comunicada a la Fiscalía y a la Policía Nacional, que están en el punto de mira por supuestamente no haber reaccionado.

Los principales partidos de la oposición pidieron esta semana las renuncias de Pérez, del ministro del Interior, Euclides Acevedo, y del ministro de Defensa, Bernardino Soto, por esa fuga.


Y exigieron una "revisión profunda" de la actuación de Quiñónez, así como no descartaron promover un juicio político al presidente del país, Mario Abdo Benítez.

Abdo Benítez dijo esta semana que el episodio es solo una batalla perdida "en una guerra contra el crimen organizado", si bien esa fuga sigue marcando la agenda política del Gobierno.

El presidente se encuentra desde el miércoles con una agenda "restringida", en la residencia presidencial, debido a un cuadro de dengue diagnosticado tras una actividad en el departamento de Alto Paraná.

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