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EU: Republicanos buscan bloquear propuesta demócrata sobre igualdad de derechos

Cinco fiscales generales republicanos buscan bloquear el intento de tres estados demócratas de incorporar la Enmienda por Igualdad de Derechos (ERA) a la Constitución.

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Por AP

Virginia se convirtió recientemente en el 38vo estado en ratificar la medida creada para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.(AP)

Virginia se convirtió recientemente en el 38vo estado en ratificar la medida creada para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. | AP

NASHVILLE, Tennessee, EU. — Cinco fiscales generales republicanos buscan bloquear el intento de tres estados demócratas de incorporar la Enmienda por Igualdad de Derechos (ERA) a la Constitución.

Los fiscales de cinco estados _Tennessee, Alabama, Luisiana, Nebraska y Dakota del Sur_ presentaron una moción el jueves para intervenir en una demanda legal hecha por Virginia, Nevada e Illinois. Los cinco rescindieron su respaldo a la enmienda antes del vencimiento de un plazo congresual para la ratificación hace más de 40 años, dijo el jueves el fiscal general de Tennessee, Herbert Slatery.

“Tennessee está interesado en asegurarse de que su voto para rechazar la ERA tiene validez”, dijo Slatery.

Virginia se convirtió recientemente en el 38vo estado en ratificar la medida creada para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.

“La igualdad de derechos bajo la ley no debe ser negada ni restringida por Estados Unidos ni ningún estado debido al sexo”, señala la enmienda.

Las enmiendas constitucionales deben ser ratificadas por tres cuartas partes de los 50 estados_ es decir, 38. Pero el futuro de la ERA es incierto en parte porque el plazo de ratificación expiró hace mucho tiempo.

Hacer cumplir la medida quedó en responsabilidad del archivista de Estados Unidos, David Ferriero, quien anunció que “no tomaría medidas para certificar la adopción de la Enmienda por Igualdad de Derechos”. Los tres fiscales demócratas demandaron a Ferreiro, argumentando que el plazo, inicialmente fijado para 1979 y extendido luego a 1982, no es vinculatorio.

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