Canadá, EU y la Unión Europea buscan regular las redes sociales

CANADÁ.-El ministro de Herencia de Canadá, Steven Guilbeault, dijo el viernes que ha hablado con el comisionado de seguridad electrónica de Australia para aprovechar la experiencia de ese país en la regulación de las empresas de redes sociales.

Guilbeault habló con el comité de Herencia canadiense de la Cámara de los Comunes el 29 de enero, aniversario del tiroteo en la mezquita de Quebec. Confirmó que el gobierno federal está considerando la creación de un nuevo regulador como parte de la legislación prometida para acabar con la distribución de discursos de odio, pornografía infantil y "contenido que incite a las personas a la violencia", revela el medio National Observer.

“Recientemente, tuve una conversación con el comisionado de eSafety de Australia para entender cómo implementaron su programa y qué cosas debemos tener cuidado”, dijo Guilbeault.

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Agregó:

“Por ejemplo, existen preocupaciones en torno a la libertad de expresión, que ha sido una parte importante de las leyes canadienses a lo largo de la historia. Veremos cómo reproducir el mismo marco en el mundo físico y en el mundo virtual ".

Recientemente la jefe de la Comisión Europea reveló a CNBC que Joe Biden y la Unión Europea están "en la misma página" cuando se trata de regular a los gigantes tecnológicos".

Ursula von der Leyen, presidenta del brazo ejecutivo de la UE, confía en que el nuevo presidente de Estados Unidos será un "aliado" en la lucha contra la desinformación en línea y en la intensificación de las reglas sobre cómo operan las empresas tecnológicas.

"Si hay odio, si hay polarización, noticias falsas, todas estas son cosas que son amenazas para nuestras democracias y estoy seguro de que tendremos un aliado para trabajar en eso", afirmó von der Leyen.

La regulación tecnológica ha sido una prioridad entre los funcionarios europeos, pero los disturbios del Capitolio y las acciones posteriores de Twitter y Facebook de bloquear cuentas -como la de Donald Trump- han aumentado los llamados a la acción.

Algunos legisladores han cuestionado si estas empresas deberían ser tratadas como editoras en lugar de como empresas de tecnología, lo que significa que serían más responsables del contenido disponible en sus plataformas.

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La ley de Internet intacta en EU -la Sección 230- podría cambiar ahora con Biden como presidente, dice el Washigton Post.

Los demócratas, afirma el medio, creen que la ley debería enmendarse, y que las empresas de tecnología deberían ser más responsables de moderar el contenido de sus sitios.

La sección 230 es una ley de 25 años que protege a las empresas de Internet de ser responsables de lo que dicen sus usuarios en línea. Revocar la ley es una opción extrema, e improbable, pero muchos legisladores de ambos lados del pasillo han presentado proyectos de ley y han impulsado cambios en la legislación.

"Ambas partes han utilizado realmente la Sección 230 como un indicador de su enfado contra las grandes tecnologías", dijo Jeff Kosseff, profesor de derecho de seguridad cibernética en la Academia Naval de EU.

Biden le dijo al New York Times en enero que la Sección 230 debería ser revocada debido a la desinformación que corre desenfrenada en línea.

La Sección 230 es una parte de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, escrita mucho antes de que Facebook, Twitter y YouTube llegaran a dominar los rincones sociales de la web. Su intención era alentar a las empresas de Internet a que al menos intentaran moderar el contenido de sus sitios eximiéndolas de responsabilidad civil por lo que los usuarios publican en línea.

Google amenaza con desactivar las búsquedas en Australia por ley de prensa

Google amenazó con desactivar la función de búsqueda en Australia si el Parlamento de Camberra aprueba una ley que la obligaría, al igual que a Facebook y otras grandes tecnológicas, a pagar a los medios locales por publicar sus contenidos.

Según el proyecto, que se presentó el mes pasado ante el Parlamento de Camberra, el Gobierno designará un intermediario para determinar el monto a pagar por la contraprestación de los contenidos que publican las plataformas de internet en caso de que no se logre un acuerdo mediante una negociación entre las partes.

"Si esta versión del código se convierte en ley, no nos daría otra opción que detener la disponibilidad de Google Search (Búsqueda de Google) disponible en Australia", dijo la directora gerente de Google Australia, Mel Silva, en una comparecencia virtual ante un comité del Senado que analiza la propuesta de ley.

Silva recalcó que esta opción se daría "en el peor escenario", al insistir que para Google la propuesta legislativa "crearía un riesgo inmanejable para nuestros negocios en una economía digital. No es compatible con la forma en que operan los motores de búsquedas".

Tras conocerse la amenaza de Google, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo a los periodistas en Brisbrane que el Parlamento y el Gobierno de Camberra determinan las reglas de juego y "si se quiere trabajar con ellas, en Australia, eres bienvenido, pero nosotros no respondemos a amenazas".

El comité del Senado tiene previsto entregar el próximo 12 de febrero su informe de este proyecto de ley, que ha sido criticado por el creador de la World Wide Web, el británico Tim Berners-Lee, quien dijo puede contravenir "los principios de la web al requerir el pago por enlazar ciertos contenidos en línea".

Por su lado, los altos representantes comerciales del Gobierno estadounidense Daniel Bahar y Karl Ehlers instaron a Camberra a "suspender" sus planes de sacar adelante este proyecto al expresar que puede generar preocupación "en torno a las obligaciones comerciales internacionales de Australia", según escribieron una carta al comité.

La propuesta, que pretende proteger a los medios locales, responde a las recomendaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo plasmadas en diciembre de 2019 en un informe sobre el impacto de los buscadores y las redes sociales en el mercado publicitario y de los medios.

La víspera, Google llegó a un acuerdo con los editores de periódicos franceses sobre un sistema para remunerarles por la publicación de sus contenidos, lo que pone fin a un contencioso de meses que había llegado a los tribunales.