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Ante pandemia, toda restricción de derechos debe estar estrictamente justificada: CIDH

La CIDH emitió la Resolución No.01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas bajo la convicción de que todas las medidas adoptadas por los Estados, en atención y contención al virus, tengan como centro la plena garantía de los derechos humanos.

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Por El Imparcial

Ante pandemia, toda restricción de derechos debe estar estrictamente justificada: CIDH(Twitter @CIDH)

Ante pandemia, toda restricción de derechos debe estar estrictamente justificada: CIDH | Twitter @CIDH

WASHINGTON D.C.- Debido a la crisis de salud global Covid-19 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución No.01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas bajo la convicción de que todas las medidas adoptadas por los Estados, en atención y contención al virus, tengan como centro la plena garantía de los derechos humanos.

 

La Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos reporta un millón 724 mil 736 casos positivos de la enfermedad a nivel internacional, con Europa como la región más afectada, al 11 de abril.

Aunque América presenta signos de alarma con casos como el de Brasil con 20 mil 002 contagios, Ecuador con 7 mil 161 y Chile con 6 mil 927.

Debido a que el continente americano es la región más desigual del mundo, la emergencia sanitaria representa un gran desafío para cada uno de los países en términos de políticas y medidas de salud, como en capacidades económicas.

Para así implementar estrategias de atención y contención de carácter urgente e indispensable con la finalidad de proteger a sus habitantes, en sintonía con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En un esfuerzo por contener el número de enfermos, Estados como Argentina, Colombia, y El Salvador, mediante la declaración de “estados de excepción”, “estados de emergencia”, “estados de catástrofe por calamidad pública” o “emergencia sanitaria”, han puesto en marcha medidas que podrían afectar seriamente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos.

Ante esto, la CIDH reafirma que los países americanos deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales, con especial atención a las necesidades y al impacto que dichas medidas tendrían en los derechos de grupos históricamente excluidos o en especial riesgo. Tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, los cuales son señalados como grupos vulnerables ante el Covid-19.

La Comisión también señala como grupos vulnerables a personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle.

La Resolución también enfatiza que

Toda política pública con enfoque de derechos humanos para la prevención, atención y contención de la pandemia requiere un abordaje amplio y multidisciplinario a partir del fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional entre Estados”.

 

Además, exhorta a que en caso de implementar un estado de excepción se tiene que justificar una excepcionalidad de la situación de emergencia en cuanto a su gravedad, inminencia e intensidad que constituye una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado. Esto debe garantizar que la suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación.

“Con esta Resolución queremos aportar, desde nuestro mandato, a los esfuerzos que se están realizando desde los gobiernos y la sociedad en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Entendemos que el COVID-19 se presenta de manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido diferentes. En cualquier caso y por su propia naturaleza, las acciones estatales deben estar centradas en las personas. Toda acción de gobierno debe emprenderse para garantizar y proteger los derechos humanos” señaló el Comisionado Joel Hernández, Presidente de la CIDH.

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