Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva contra el ex presidente Santiago Peña que renunció por la quiebra del banco digital Ueno bank; le imputa lesión de confianza y administración en provecho propio
La crisis política e institucional en Paraguay alcanzó una escala sin precedentes.
PARAGUAY — La Fiscalía General de la República de Paraguay formalizó la imputación penal y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del expresidente Santiago Peña, apenas un día después de que el exmandatario fuera destituido de su cargo tras el colapso de la entidad financiera Ueno Bank.
De acuerdo con información procesal del Ministerio Público y reportes periodísticos difundidos por El Imparcial, las autoridades judiciales investigan al exjefe de Estado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
La fiscal encargada de dar a conocer el dictamen penal, Nancy Salomón, confirmó en conferencia de prensa que la representación social solicitó la inhibición general de vender y gravar bienes para Peña, así como para Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien se encuentra imputado bajo los mismos ilícitos y comparece ante la justicia del país sudamericano.

¿Cómo se originó el colapso de Ueno Bank y a cuántas personas afectó?
La detonación de la crisis institucional inició en el sector bancario digital y se trasladó con rapidez a la esfera política del país:
- Intervención del Banco Central: El pasado martes 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución contra Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo legal requerido.
- Afectación a la población: La suspensión de operaciones paralizó los ahorros y depósitos de casi 3 millones de clientes, en una nación con una población estimada de 6.5 millones de habitantes.
- Fondos públicos comprometidos: El procedimiento bancario puso bajo investigación cerca de 850 millones de dólares en recursos públicos, de los cuales aproximadamente 380 millones de dólares pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar las pensiones y la seguridad social de los trabajadores paraguayos.
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Del juicio político a la imputación penal: la cronología del caso
El desarrollo de los hechos se dio de manera acelerada en el transcurso de una semana, combinando movilizaciones ciudadanas y determinaciones legislativas:
- Manifestaciones e inconformidad social: Tras la suspensión del banco, miles de ahorradores tomaron las calles para exigir el desbloqueo de sus recursos y denunciar irregularidades administrativas.
- Intento de renuncia e impase legislativo: Peña intentó dimitir a la Presidencia el jueves 5 de noviembre; sin embargo, la sesión bicameral encargada de evaluar su salida no obtuvo el quórum necesario.
- Petición de prórroga: El exmandatario solicitó un plazo de 72 horas al Senado para organizar su defensa legal argumentando la falta de tiempo para revisar la acusación de 15 páginas y más de 300 folios adjuntos. En sus redes sociales afirmó: “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”.
- Juicio político y destitución: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad formular la acusación por mal desempeño de funciones y presuntos conflictos de interés derivados de sus antiguos nexos como accionista de la empresa matriz del banco hasta marzo de 2025. El Senado procedió con el juicio político que culminó con su destitución el viernes 6 de noviembre.
- Acción penal del Ministerio Público: Tras concretarse la remoción ejecutiva, la fiscalía presentó este sábado la imputación formal y el pedido de encarcelamiento preventivo.
¿Podrán los ahorradores de Ueno Bank recuperar sus fondos?
La vertiente financiera del conflicto abarca la ejecución de mecanismos de protección para los cuentahabientes afectados por la parálisis de la entidad:
- Cobertura del Fondo de Garantía: La normativa de Paraguay establece una cobertura legal equivalente a aproximadamente 38 mil dólares por depositante, lo que permitiría amparar de forma gradual al 97% de los clientes individuales.
- Iniciativas extraordinarias: El gobierno impulsó medidas legislativas para acelerar la liberación y restitución de depósitos en plazos de hasta cinco días hábiles.
- Investigaciones paralelas: Las autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión contra ocho directivos de Ueno Bank, quienes se presentaron ante los tribunales para deslindar las responsabilidades del quebranto financiero.
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