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Suprema Corte de EU permite temporalmente usar la base de datos de Trump para verificar la ciudadanía de votantes antes de las elecciones de noviembre

La herramienta será de uso voluntario y existen límites para retirar votantes de los padrones antes de una elección.

Suprema Corte de EU permite temporalmente usar la base de datos de Trump para verificar la ciudadanía de votantes antes de las elecciones de noviembre

La Suprema Corte de Estados Unidos permitió temporalmente que los estados utilicen una versión modificada de la base de datos federal SAVE para verificar la ciudadanía de los votantes, de cara a las elecciones de noviembre.

La decisión representa un respaldo temporal para la administración de Donald Trump en su intento de utilizar esta herramienta para revisar la elegibilidad de quienes aparecen en los padrones electorales.

La resolución permite, por ahora, que los estados recurran al programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE).

Sin embargo, el uso de esta herramienta es voluntario y la decisión de la Corte no resuelve de manera definitiva el conflicto legal sobre el programa.

¿Qué es la base SAVE?

SAVE es un programa del Departamento de Seguridad Nacional utilizado para verificar información relacionada con la ciudadanía y el estatus migratorio de las personas.

La administración de Trump modificó el sistema para ampliar su uso y permitir que los estados lo empleen en sus esfuerzos por comprobar la ciudadanía de personas registradas para votar.

Con esta modificación, las autoridades pueden recurrir a la información disponible en distintas bases de datos federales para revisar los registros electorales. El objetivo es identificar a personas que podrían no cumplir con los requisitos de ciudadanía para votar.

¿Por qué genera preocupación?

El programa ha sido cuestionado por el uso de información personal sensible de los votantes y por el riesgo de que algunos ciudadanos elegibles sean identificados incorrectamente como personas que no tienen derecho a votar.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la posibilidad de que los registros utilizados por el sistema no estén actualizados.

Esto podría provocar que una persona que sí cumple con los requisitos aparezca en una base de datos como si no fuera ciudadana estadounidense.

El programa SAVE utiliza bases de datos federales para revisar la ciudadanía de personas registradas para votar. Foto: Pixabay

¿Qué decidieron los jueces?

Los tres jueces de tendencia liberal de la Suprema Corte —Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— expresaron públicamente su desacuerdo con la decisión.

La orden de emergencia permite que los estados continúen utilizando la versión renovada de SAVE mientras sigue el proceso judicial.

Esto significa que la resolución tiene carácter temporal y no representa una decisión definitiva sobre todos los cuestionamientos relacionados con el programa.

¿Los estados pueden eliminar votantes de sus listas?

La decisión no permite eliminar automáticamente a personas de los padrones electorales. La legislación vigente establece restricciones para que los estados no realicen de manera sistemática este tipo de depuraciones durante los 90 días anteriores a una elección federal.

David Becker, experto en derecho electoral y director del Center for Election Innovation and Research, señaló que esta regla limita el impacto que la decisión puede tener sobre las elecciones de mitad de mandato.

También afirmó que el propio Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido que los datos utilizados por el sistema no son perfectos.

¿Qué significa para las elecciones de noviembre?

El impacto de la decisión dependerá, entre otros factores, de los estados que decidan utilizar SAVE, ya que recurrir al programa es voluntario. Por lo tanto, la resolución no establece que todos los estados deban revisar sus padrones mediante esta herramienta.

Además, las restricciones existentes sobre la eliminación de votantes de las listas electorales continúan vigentes. Por ahora, la Suprema Corte únicamente permite que los estados utilicen la versión modificada del programa mientras continúa la disputa legal sobre su funcionamiento.

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