Expertos de la ONU concluyen que el ex presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido arbitrariamente y piden liberarlo de inmediato, pero el dictamen no obliga al gobierno peruano ni anula su condena

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el ex presidente de Perú, Pedro Castillo, fue privado de la libertad de forma arbitraria después de su intento de disolver el Congreso, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la Opinión 78/2025, publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y retomada por La Jornada y El País, los expertos recomendaron al Estado peruano liberar al exmandatario, otorgarle una indemnización e investigar las irregularidades detectadas durante su proceso.

La conclusión no establece que Castillo actuó legalmente al anunciar la disolución del Congreso. Tampoco elimina la condena de 11 años y seis meses de prisión que recibió en noviembre de 2025 por conspiración para la rebelión. El documento se concentra en la legalidad de su detención y en el respeto a sus garantías procesales.

¿Por qué los expertos consideran arbitraria su detención?

El informe, compuesto por 19 páginas, sostiene que la captura de Castillo careció de una base legal suficiente y que durante las primeras etapas del proceso fueron vulneradas garantías del debido proceso.

Los especialistas señalaron que Castillo todavía era presidente cuando fue detenido y que el Congreso no había levantado el antejuicio político, procedimiento requerido para procesar a un mandatario en funciones. Ese trámite se completó cinco días después de su arresto.

También cuestionaron que la orden de detención fuera emitida por el Ministerio Público, debido a que consideraron que una fiscalía no representa una autoridad judicial independiente encargada de revisar la legalidad de la privación de la libertad.

El documento señala una presunta vulneración de los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, relacionados con la libertad, la seguridad personal, la presunción de inocencia y el derecho a ser escuchado por un tribunal independiente.

¿Qué ocurrió con la defensa de Pedro Castillo?

El grupo de expertos concluyó que Castillo no fue notificado con tiempo suficiente para preparar su defensa antes de que el Congreso aprobara su destitución por incapacidad moral permanente.

Durante la audiencia de prisión preventiva realizada el 15 de diciembre de 2022, el exmandatario fue representado por un defensor público designado sin su consentimiento, según el informe.

El abogado tampoco habría tenido tiempo suficiente para revisar el expediente y preparar una estrategia antes de la audiencia. Para el grupo, estas circunstancias limitaron el derecho de Castillo a contar con una defensa adecuada.

¿Qué pidió el grupo de la ONU al Estado peruano?

“El Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación”, señala el documento.

Los expertos consideraron que la medida adecuada sería ponerlo “inmediatamente en libertad” y reconocer su derecho a recibir una indemnización y otros tipos de reparación.

También solicitaron una investigación independiente sobre las circunstancias de su detención y las posibles violaciones a sus derechos.

¿Pedro Castillo será liberado de inmediato?

No necesariamente. La conclusión corresponde a un grupo de expertos independientes vinculado al Consejo de Derechos Humanos, no a un tribunal con capacidad para ordenar directamente la liberación dentro de Perú.

Se trata de una opinión no vinculante, por lo que no produce automáticamente la excarcelación de Castillo ni obliga a los jueces peruanos a modificar las decisiones emitidas en su contra.

El informe puede ser utilizado por la defensa para pedir una revisión del caso y aumenta la presión internacional, pero se necesitaría una decisión de las autoridades peruanas para que Castillo salga de prisión.

¿Qué hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022?

Castillo anunció la disolución temporal del Congreso de Perú, la instalación de un gobierno de excepción y la reorganización del sistema judicial.

La medida no recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía. Varios integrantes de su gobierno renunciaron y el Congreso aprobó su destitución.

El entonces presidente fue detenido cuando se desplazaba por Lima. Desde ese momento permaneció recluido mientras avanzaban las investigaciones y el juicio por los hechos de diciembre de 2022.

¿El dictamen anula la condena contra el ex presidente de Perú?

No. En noviembre de 2025, la justicia peruana condenó a Castillo en primera instancia a 11 años y seis meses de prisión por conspiración para la rebelión.

La opinión de los expertos no funciona como una apelación y no sustituye a los tribunales nacionales. La defensa puede incorporarla a sus recursos legales, pero cualquier modificación de la condena deberá resolverse dentro del sistema judicial peruano.

El documento abre un nuevo debate sobre la legalidad del arresto y las condiciones en que se desarrolló el proceso. Sin embargo, Pedro Castillo continuará en prisión mientras no exista una resolución interna que ordene su liberación o modifique su situación jurídica.