Tribunal en EEUU frenó que se busque restringir servicio militar de personas transgénero por ser inconstitucional
Wilkins también señaló que el presidente Trump había declarado a las personas transgénero como no aptas para el servicio militar debido a su identidad de género.
ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos resolvió que la política del gobierno de Donald Trump que restringe el servicio militar de personas transgénero probablemente es inconstitucional, al considerar que pudo estar motivada por animosidad hacia este grupo.
La decisión representa un nuevo capítulo en una disputa legal que involucra al Departamento de Defensa, a militares en activo y a personas transgénero que buscan ingresar a las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con reportes de Reuters, AP y CBS News, el fallo fue emitido por un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC.
La resolución mantiene una protección limitada para militares transgénero que ya están en servicio activo y que forman parte de la demanda, pero permite que la administración mantenga restricciones contra personas transgénero que buscan enlistarse.
Qué decidió el tribunal de apelaciones
La decisión fue tomada por votación de 2 contra 1. Los jueces Judith Rogers y Robert Wilkins coincidieron en que la política del Departamento de Defensa probablemente viola la garantía constitucional de igualdad de protección ante la ley.
El tribunal dejó vigente una orden judicial preliminar que impide al Departamento de Defensa dar de baja a militares transgénero que ya prestan servicio y que forman parte del caso. Sin embargo, esa protección no se extiende de forma general a todas las personas transgénero ni a quienes buscan entrar por primera vez al Ejército.
La parte más relevante del fallo es que la mayoría del panel consideró que la política no se basó únicamente en criterios médicos o de preparación militar, sino que pudo haber sido diseñada para excluir a personas por su identidad de género.
Por qué los jueces consideraron que la política podía ser discriminatoria
El juez Robert Wilkins escribió que la justificación presentada por el gobierno para aplicar la política basada en la disforia de género era un “pretexto”. En su opinión, la medida se apoyaba, al menos en parte, en un interés estatal ilegítimo para perjudicar a un grupo políticamente impopular.
Wilkins también señaló que el presidente Trump había declarado a las personas transgénero como no aptas para el servicio militar debido a su identidad de género. Para la mayoría del panel, ese elemento fue importante al evaluar si la política tenía una base constitucional válida.
En otro punto del dictamen, el juez indicó que la política no clasifica de forma razonable quién puede servir en el Ejército, ya que descalifica a cualquier persona con diagnóstico de disforia de género, sin importar cuándo fue diagnosticada o si esa condición continúa presente.
Qué pasa con los militares transgénero que ya están en servicio
Por ahora, los militares transgénero en servicio activo que forman parte de la demanda no pueden ser expulsados con base en esta política. La orden judicial que los protege sigue vigente, aunque de manera limitada.
El tribunal destacó que los demandantes acumulan en conjunto 130 años de servicio militar y han recibido más de 80 condecoraciones. También señaló que el gobierno no cuestionó que estas personas hayan servido con honor ni que hayan cumplido con los estándares militares.
Este punto fue central en el análisis judicial, porque los jueces valoraron el daño que implicaría terminar carreras militares ya construidas, frente al margen que tiene el gobierno para regular los requisitos de ingreso a las Fuerzas Armadas.
Qué ocurre con quienes buscan enlistarse
La resolución no dio la misma protección a las personas transgénero que buscaban ingresar al Ejército. En ese punto, el tribunal permitió que la administración mantenga restricciones contra aspirantes que, bajo la nueva política, no serían elegibles para alistarse.
Esto significa que el caso tiene dos efectos distintos: por un lado, frena la expulsión de ciertos militares transgénero en activo; por otro, deja abierta la aplicación de barreras para nuevos ingresos mientras continúa el litigio.
Cómo empezó esta disputa legal
El conflicto comenzó después de que Donald Trump firmó una orden ejecutiva al inicio de su segundo mandato. La orden se dirigió a integrantes del servicio activo y aspirantes militares con disforia de género.
La directiva presidencial sostuvo que los estándares de las Fuerzas Armadas en preparación, cohesión, uniformidad e integridad eran incompatibles con las condiciones médicas, quirúrgicas y de salud mental asociadas, según el gobierno, con la disforia de género.
Después de esa orden, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instruyó al Pentágono a suspender nuevos reclutamientos de personas con antecedentes de disforia de género y a detener procedimientos médicos relacionados con tropas transgénero.
En febrero de 2025, el Departamento de Defensa emitió una política que declaraba no aptas para el servicio militar a personas con disforia de género, salvo que recibieran una exención.
La demanda en Washington DC
La demanda fue presentada en Washington DC por más de una docena de militares transgénero en servicio activo y por personas transgénero que buscaban enlistarse. Los demandantes argumentaron que la política del Departamento de Defensa los discriminaba ilegalmente por sexo y por su condición de personas transgénero.
En marzo de 2025, la jueza federal Ana Reyes concedió una orden preliminar para bloquear la aplicación de la política. En su resolución, consideró que la medida estaba motivada por animosidad inconstitucional.
La administración Trump apeló esa decisión y pidió al Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC que permitiera aplicar la política. Un panel previo autorizó temporalmente su aplicación mientras el tribunal revisaba el fondo del caso.
La Corte Suprema ya había permitido aplicar la política en otro caso
El caso también se cruza con otro litigio presentado en Tacoma, Washington. En mayo de 2025, la Corte Suprema permitió que la administración Trump siguiera aplicando la política mientras avanzaban los procedimientos judiciales.
Esa decisión no resolvió de fondo si la política era constitucional o no. Solo permitió su aplicación temporal mientras los tribunales inferiores continuaban con el análisis legal.
Por eso, el nuevo fallo del Circuito de DC no cierra la disputa. Más bien, marca una nueva etapa en un proceso que podría regresar a la Corte Suprema.
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Hegseth anticipa una batalla ante la Corte Suprema
Después del fallo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó en redes sociales: “Nos vemos en la Corte Suprema”.
Su mensaje apunta a que el gobierno buscará que el máximo tribunal revise la decisión del Circuito de DC. Si eso ocurre, la Corte Suprema podría pronunciarse sobre los límites constitucionales de una política militar que excluye a personas transgénero del servicio.
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Cuántos militares podrían estar relacionados con la política
Según un funcionario de defensa citado en los reportes del caso, para diciembre de 2024 había aproximadamente 4 mil 200 militares diagnosticados con disforia de género.
Además, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de enero de 2025 indicó que alrededor de mil 900 integrantes en servicio activo recibieron atención de afirmación de género por parte del Departamento de Defensa entre enero de 2016 y mayo de 2021.
Estas cifras ayudan a dimensionar el alcance de la política, aunque no significan que todas esas personas formen parte de la demanda ni que todas estén bajo la misma situación legal.
Qué sigue en el caso
El litigio continuará en tribunales y podría escalar a la Corte Suprema. Mientras eso ocurre, la decisión del Circuito de DC mantiene una protección limitada para los demandantes en servicio activo, pero no bloquea todas las restricciones impuestas por el Departamento de Defensa.
En términos prácticos, el fallo deja tres puntos claros: la política fue considerada probablemente inconstitucional por la mayoría del panel; los militares transgénero demandantes no pueden ser expulsados por ahora; y las restricciones para nuevos aspirantes siguen vigentes mientras el caso avanza.
La controversia se mantiene abierta porque enfrenta dos argumentos de fondo: por un lado, la autoridad del gobierno para definir criterios militares; por otro, la obligación constitucional de no aplicar políticas que discriminen a un grupo por su identidad.
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