Plan migratorio de Estados Unidos para enviar migrantes a terceros países muestra resultados reducidos, costos elevados y dificultades diplomáticas que frenan su alcance

ESTADOS UNIDOS — En el arranque del segundo mandato, la política migratoria de EEUU enfrenta complicaciones para cumplir su objetivo central: aumentar las deportaciones masivas. Durante una llamada interna, Stephen Miller cuestionó directamente por qué varios gobiernos no están aceptando más migrantes deportados, lo que evidencia tensiones en la ejecución del plan.

Cifras del Departamento de Seguridad Nacional señalan que más de 675 mil inmigrantes indocumentados han sido expulsados, un número por debajo de la meta de un millón de deportaciones anuales. De acuerdo con información retomada por CNN, autoridades sostienen que miles salieron por cuenta propia, aunque esa cifra no logra cerrar la brecha del objetivo planteado.

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El plan de enviar migrantes a terceros países

Ante la negativa de algunos países a recibir a sus ciudadanos, Washington impulsó acuerdos para enviar personas a terceros países, incluso sin relación directa con su origen. Esta estrategia busca mantener el ritmo de las expulsiones migratorias y evitar bloqueos diplomáticos.

Diversos países en África, Asia Central y América Latina firmaron memorandos de entendimiento, aunque su aplicación ha sido limitada. El Migration Policy Institute calcula que apenas 15 mil migrantes fueron trasladados bajo este esquema en 2025, de los cuales 13 mil fueron enviados a México, lo que refleja el bajo impacto del programa.

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México concentra la mayoría de deportaciones

Dentro de esta dinámica, México se ha consolidado como el principal destino de migrantes deportados de terceros países. Este mecanismo inició durante el gobierno de Joe Biden y se mantiene activo bajo la administración actual.

Datos de Refugees International y Human Rights First indican que al menos 13 mil personas no mexicanas fueron enviadas al país. En contraste, naciones como El Salvador, Panamá o Costa Rica han recibido cantidades mínimas, en algunos casos apenas decenas.

Frustración interna y presión política en Washington

El avance limitado del programa ha generado incomodidad dentro del gobierno. Durante reuniones recientes, Miller expresó su frustración ante funcionarios del Departamento de Estado, al considerar que los acuerdos firmados no se traducen en más deportaciones efectivas.

“Está al límite con esto”, señaló un funcionario citado en reportes. Pese a ello, la Casa Blanca insiste en que la estrategia de expulsión de migrantes continúa ampliándose y que se buscarán más acuerdos internacionales.

Costos elevados y resultados limitados

Más allá del desempeño operativo, el programa enfrenta cuestionamientos por su costo. Un informe del Senado de EEUU revela que se han destinado decenas de millones de dólares para trasladar a un número reducido de personas, con casos que superan un millón de dólares por migrante deportado.

El documento concluye que el impacto de las deportaciones a terceros países ha sido “poco medible”, lo que pone en duda su eficacia como herramienta principal de la política migratoria estadounidense.

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Objetivo disuasorio y obstáculos legales

Además de resolver limitaciones diplomáticas, esta estrategia busca funcionar como un mecanismo disuasorio dentro del control migratorio de EEUU. La posibilidad de ser enviado a un país lejano pretende desalentar nuevos cruces irregulares hacia territorio estadounidense.

Sin embargo, varios casos han enfrentado impugnaciones legales, especialmente cuando los migrantes son enviados a países sin vínculos previos. Algunas disputas han llegado hasta la Corte Suprema, lo que añade incertidumbre jurídica al programa.

Un modelo en expansión con resultados inciertos

Aunque la administración ha firmado múltiples acuerdos, varios países no han recibido deportados o solo han aceptado cifras simbólicas. Nuevas negociaciones, incluso con países africanos, aún no muestran resultados concretos en la práctica.

En este escenario, la estrategia de deportaciones EEUU a terceros países se mantiene como eje de la agenda migratoria, pero con resultados limitados, altos costos y dudas sobre su viabilidad a largo plazo.

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