Senado ruso desestima ley contra violencia doméstica; argumenta que vulnera los valores tradicionales y representa una intervención indebida del Estado en la familia

RUSIA.- El senador Andréi Klishás, presidente del Comité de Legislación, sostiene que tipificar como delito las agresiones sin lesiones graves constituiría una intromisión del Estado en la vida privada.

En Rusia, actualmente, la violencia doméstica que no provoca heridas corporales o incapacidad se sanciona únicamente como infracción administrativa, una medida que grupos defensores de derechos humanos han calificado como un retroceso en la protección de las mujeres.

Las iniciativas para crear una ley federal específica contra la violencia doméstica en Rusia continúan sin avance en el Senado.

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La postura fue reafirmada por el senador Andréi Klishás, quien encabeza el Comité de Legislación, al argumentar que una norma de este tipo podría vulnerar los valores tradicionales y representar una intervención indebida del Estado en el núcleo familiar.

En declaraciones al diario RBC, Klishás señaló que el camino legislativo actual no cuenta con el respaldo social suficiente y advirtió sobre las implicaciones de imponer sanciones económicas dentro del hogar.

Según su postura, las multas que se aplican al agresor provienen del mismo presupuesto familiar, por lo que el castigo económico no representa un beneficio directo para la víctima.

“Muchos dicen que al adoptar tales normas empezamos a destruir el espacio familiar tradicional, que nos estamos entrometiendo en la familia”, justificó el legislador.

El senador reconoció que el hogar debería ser el lugar de mayor protección para una persona y que, en ese sentido, se requieren normas específicas.

Sin embargo, afirmó que los legisladores aún no han encontrado la fórmula para abordar el problema sin afectar la estructura familiar.

¿Cómo se castiga actualmente la violencia doméstica en Rusia?

Desde 2017, el presidente Vladimir Putin firmó una reforma que despenalizó ciertas formas de violencia en el ámbito familiar.

Bajo esta modificación, los actos de violencia doméstica que no causan heridas corporales ni generan incapacidad son tratados como infracciones administrativas, no como delitos penales.

Esto significa que, en la práctica, una agresión que no deje lesiones físicas evidentes o que no amerite hospitalización puede ser sancionada con multas económicas o penas de trabajo forzado de interés general, incluso si se trata de reincidencia.

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Grupos defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han calificado esta decisión como un retroceso en materia de derechos de las mujeres y han señalado que la legislación actual no ofrece mecanismos de protección efectivos para las víctimas.

El argumento central del Senado ruso, expresado por Klishás, es que una ley específica contra la violencia doméstica representaría una intromisión del Estado en asuntos que deben resolverse en el ámbito privado.

El legislador sostiene que la familia tradicional debe mantenerse como un espacio con sus propias dinámicas y que el derecho penal no es la herramienta adecuada para intervenir en estos casos.

“El hogar es el lugar donde una persona debería sentirse más protegida. Por lo tanto, se requieren normas especiales relacionadas con su protección en este espacio”, añadió Klishás, aunque sin detallar cuáles serían esas normas alternativas.

En cuanto a otros temas sensibles, como el acoso escolar, el senador señaló que la responsabilidad principal recae en las escuelas y los padres, dejando fuera la posibilidad de una regulación legal más estricta desde el ámbito federal.

La decisión de no avanzar en una ley contra la violencia doméstica se enmarca en un contexto más amplio de políticas impulsadas por el gobierno ruso que enfatizan la protección de los “valores tradicionales” como eje rector de la legislación social.

Esta postura ha sido respaldada por sectores conservadores dentro del país, pero ha generado rechazo en organismos internacionales y organizaciones civiles.

De acuerdo con informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, la falta de tipificación penal de las agresiones no graves en el ámbito doméstico dificulta la denuncia y limita las herramientas de protección para las víctimas, quienes a menudo enfrentan procesos administrativos que no implican medidas cautelares ni órdenes de restricción efectivas.

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