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Suprema Corte de Estados Unidos analizará la ciudadanía por nacimiento: ¿Qué está en juego y por qué importa?

La Corte Suprema escuchará argumentos sobre un caso que podría redefinir quién tiene derecho a ser ciudadano estadounidense desde el momento de nacer.

Suprema Corte de Estados Unidos analizará la ciudadanía por nacimiento: ¿Qué está en juego y por qué importa?

ESTADOS UNIDOS.- La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más tensos en décadas.

La Corte Suprema escuchará argumentos sobre un caso que podría redefinir quién tiene derecho a ser ciudadano estadounidense desde el momento de nacer.

La discusión surge a partir de una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025 por el presidente Donald Trump, que busca negar este derecho a ciertos hijos de personas migrantes.

La decisión final se espera para junio y podría tener efectos legales, sociales y migratorios de gran alcance.

El caso se centrará en la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, base histórica del derecho a la ciudadanía por nacimiento.

¿Qué plantea el caso “Trump v. Barbara”?

El caso surge a partir de una orden ejecutiva que establece que los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 no recibirán automáticamente la ciudadanía si sus padres:

  • Se encuentran en el país sin autorización legal, o
  • Tienen un estatus migratorio temporal
Foto: Pexels

Esta medida rompe con una práctica histórica en Estados Unidos, donde la mayoría de las personas nacidas en su territorio adquieren la ciudadanía de forma automática.

El análisis legal gira en torno a la Enmienda 14, adoptada tras la Guerra Civil para otorgar ciudadanía y derechos a personas afroamericanas liberadas de la esclavitud. El texto establece que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

El punto clave es la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción”. Expertos señalan que no se limita a la presencia física en el país, sino que implica una relación legal más amplia con el Estado.

El profesor de derecho Ilan Wurman, sostiene que el concepto de jurisdicción debe entenderse desde el derecho común inglés, base del sistema jurídico estadounidense. “El permiso era relevante para la protección y la protección, a su vez, era relevante para la jurisdicción”.

Esto implicaría que solo quienes cuentan con autorización legal para estar en el país estarían plenamente bajo la jurisdicción estadounidense, lo que influiría en la ciudadanía de sus hijos.

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Uno de los antecedentes más importantes es el caso “Estados Unidos vs. Wong Kim Ark” de 1898. En esa decisión, la Corte Suprema determinó que un niño nacido en Estados Unidos de padres chinos era ciudadano, pese a que sus padres no podían naturalizarse en ese momento.

A partir de ese fallo, se establecieron tres excepciones a la ciudadanía automática por nacimiento:

  • Hijos de diplomáticos extranjeros
  • Hijos de fuerzas invasoras
  • Hijos de ciertos pueblos indígenas en ese contexto histórico

El debate actual cuestiona si esta lista es definitiva o si pueden agregarse nuevas excepciones.

Algunos funcionarios y abogados argumentan que la Enmienda 14 no fue diseñada para: “Servir como un imán para el turismo de nacimiento o recompensar el reingreso ilegal”.

Por otro lado, abogados y organizaciones advierten que modificar este principio podría generar incertidumbre legal: “Amenazaría con reemplazar una regla establecida durante generaciones con un experimento incierto y caótico”.

También señalan que diferentes interpretaciones entre estados podrían provocar desigualdad en el acceso a la ciudadanía.

¿Qué puede pasar después?

La Corte Suprema escuchará los argumentos esta semana y se espera un fallo en junio. La decisión podría:

  • Mantener el modelo actual de ciudadanía automática
  • Permitir restricciones bajo ciertos criterios
  • Abrir la puerta a cambios en leyes migratorias futuras

Este caso no solo afecta a familias migrantes en Estados Unidos, podría tener implicaciones para políticas migratorias en otros países, relaciones internacionales y derechos civiles y constitucionales.

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