Vendieron a una niña de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida; después la obligaron a mendigar en la calle y ahora un juzgado las envió a juicio

España — Un juzgado de Tudela ha enviado a juicio a cinco personas pertenecientes a dos familias por la presunta trata de una menor de 14 años en la localidad navarra de Corella. Según la resolución judicial, la adolescente habría sido obligada a contraer matrimonio a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos. Tras el enlace, el magistrado sostiene que el marido y los padres de este indujeron a la víctima a practicar la mendicidad en distintas localidades de la provincia de Lérida.

El titular de la plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela considera que hay indicios suficientes para enjuiciar a los cinco investigados por estos hechos ocurridos en 2025. La información fue publicada originalmente por Infobae, con base en el auto judicial y las diligencias recopiladas durante la instrucción.

Un matrimonio forzado a cambio de dinero, alcohol y comida

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De acuerdo con el relato del juez incluido en la resolución, el 20 de agosto de 2025 agentes de la Policía Local de Corella identificaron al progenitor de la menor. Según consta en el auto, el hombre habría manifestado a los agentes que había vendido a su hija por 5.000 euros “a un gitano rumano con domicilio en Lérida”.

Una testigo declaró ante la Guardia Civil que el padre de la adolescente le había dicho que iban a venderla por 10.000 euros, pero que finalmente el precio consistió en 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida. Este testimonio, junto con otros elementos recabados, permitió a los investigadores sostener la hipótesis de un intercambio económico por la menor.

En la causa también se incorporaron grabaciones procedentes del perfil de Instagram de la madre de la niña. En ellas se visualiza a la menor junto con su supuesto marido participando en una celebración en la que el varón entrega un anillo mientras dice “sí”. Otras grabaciones muestran a la madre de la víctima exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero fraccionado en billetes, lo que reforzó las sospechas de una transacción económica detrás del enlace.

Cómo se reactivó una causa que había sido archivada

El procedimiento había sido archivado provisionalmente en noviembre del año pasado después de que la víctima negara los hechos en su declaración. Ese testimonio inicial dejó sin sustento suficiente las sospechas y llevó al juzgado a decretar el sobreseimiento, una decisión que en ese momento parecía cerrar el caso.

Sin embargo, nuevas diligencias practicadas posteriormente modificaron el curso de la investigación. La recopilación de testimonios, las actuaciones policiales y la incorporación de material audiovisual —incluidas las grabaciones en redes sociales donde aparece la menor junto a su presunto esposo y la madre exhibiendo fajos de billetes— reactivaron las sospechas de los investigadores.

Los cinco procesados reconocieron en el juzgado que la menor y su presunto esposo eran pareja y que habían adquirido un compromiso para contraer matrimonio. Pero para el magistrado, las pruebas recabadas van más allá de un simple acuerdo familiar: apuntan a una posible situación de explotación que incluye la mendicidad a la que habría sido sometida la adolescente.

La mendicidad como agravante en la investigación

El magistrado destaca en su auto que la adolescente fue localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig, ambas en la provincia de Lérida. Este hecho, unido a las declaraciones de testigos que señalaban la existencia de un precio pagado por la menor, ha sido considerado como un indicio relevante de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso y explotación.

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La práctica de la mendicidad por parte de una menor, especialmente cuando se da en contextos de desplazamiento y bajo la influencia de adultos que no son sus progenitores, es uno de los factores que el Código Penal español toma en cuenta para tipificar delitos de trata. En este caso, la ubicación de la niña en localidades alejadas de su domicilio familiar reforzó la hipótesis de los investigadores.

Qué dice la resolución judicial y cuáles son los pasos a seguir

En el auto de procesamiento, el juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendicidad respecto de una menor de edad. Se trata de delitos graves que, de ser confirmados en juicio, pueden conllevar penas elevadas según el Código Penal.

El magistrado emplaza a los cinco encausados para que presten declaraciones indagatorias, previstas en este tipo de procedimiento, que se llevarán a cabo el 9 de junio. Mientras tanto, los procesados continúan en libertad provisional, al considerar el juez que no han variado las circunstancias que motivaron esa medida en su momento.

El auto puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, instancia superior que revisaría la decisión si alguna de las partes lo solicita. El caso, en todo caso, ya tiene fecha para las declaraciones que abrirán formalmente la fase de juicio oral.

Por qué este caso marca un precedente en la lucha contra la trata

La situación judicial refleja la complejidad de investigar delitos de trata cuando la víctima es menor de edad y existe presión familiar. El archivo inicial, basado en la declaración de la adolescente, evidenció las dificultades para obtener testimonios en contextos de coacción.

La reactivación del caso a partir de pruebas objetivas —como grabaciones en redes sociales, testimonios de terceros y la localización de la menor ejerciendo mendicidad— demuestra la importancia de las diligencias policiales y del material audiovisual en este tipo de procedimientos. Para los especialistas en derecho penal, el auto de procesamiento envía un mensaje claro: los indicios sólidos pueden reabrir causas que parecían cerradas, especialmente cuando están en juego los derechos de menores.