Un traficante búlgaro y tres cómplices africanos fueron acusados de armar al CJNG con fusiles AK-47, lanzacohetes y misiles antiaéreos; el arsenal alcanzaba los 58 millones de dólares

VIRIGINIA.- Peter Dimitrov Mirchev compareció hoy en un tribunal de Estados Unidos tras una acusación formal realizada por Fiscalía del Distrito Este de Virginia en 2025 contra cuatro personas acusadas de armar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con equipo militar de alto poder.

Los señalados son:

• Peter Dimitrov Mirchev: traficante de armas búlgaro con 25 años de experiencia en el sector. Fue arrestado en Madrid el 8 de abril de 2025 y extraditado a Estados Unidos.
• Elisha Odhiambo Asumo: ciudadano keniano. Fue arrestado en Casablanca el 8 de abril de 2025 y extraditado el 11 de marzo.
• Subiro Osmund Mwapinga: ciudadano tanzano. Arrestado en Acra, Ghana, el 8 de abril y extraditado el 25 de julio de 2025.
• Michael Katungi Mpeirwe: ciudadano ugandés, empleado como asesor político por el gobierno de Uganda. Permanece prófugo.

Los cuatro enfrentan cargos por conspiración para distribuir cocaína, conspiración para poseer armas de fuego en apoyo al narcotráfico y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

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¿Cómo define EEUU al CJNG y por qué está en el centro del caso?

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado por las autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más violentas y prolíficas de México.

Controla vastas regiones del país mediante intimidación, violencia y soborno. Su actividad principal es el tráfico de drogas: cocaína, fentanilo y metanfetaminas.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó como Organización Terrorista Extranjera y como Narcotraficante Global Especialmente Designado.

La acusación señala que los acusados sabían que las armas serían utilizadas por el CJNG para proteger y expandir su red de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

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¿Qué armas intentaron enviar al CJNG?

Según la acusación, los acusados conspiraron para suministrar un arsenal de grado militar que incluía:

• Ametralladoras
• Lanzacohetes
• Granadas
• Equipos de visión nocturna
• Rifles de francotirador
• Minas antipersonal
• Armas antiaéreas

Como prueba inicial, Mirchev acordó enviar un cargamento de 50 fusiles de asalto AK-47, junto con cargadores y municiones. Ese envío salió de Bulgaria en julio de 2024 y fue asegurado por las autoridades.

¿Cómo intentaron ocultar la operación?

Los acusados utilizaron un mecanismo de control de armas conocido como Certificado de Usuario Final (EUC) .

Este documento es exigido por los países exportadores para garantizar que las armas no terminen en manos de grupos criminales o terroristas. Debe especificar quién será el destinatario final del armamento.

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Para eludir los controles, Mirchev reclutó a Asumo, quien a su vez contactó a Mpeirwe y Mwapinga. Juntos obtuvieron de manera corrupta un EUC del gobierno de Tanzania.

El documento autorizaba la importación de 50 fusiles AK-47 “para uso exclusivo” del ejército tanzano. También certificaba que las armas no serían reexportadas ni entregadas a terceros.

En realidad, el destino final era el CJNG.

¿Qué ocurrió después del envío?

Tras la salida de las armas desde Bulgaria, Asumo consiguió un Protocolo de Verificación de Entrega (DVP) falsificado.

El documento, supuestamente firmado por el Secretario Permanente del Ministerio de Defensa de Tanzania, reflejaba que el ejército de ese país había recibido las armas.

Nunca fue así.

El contenedor con los 50 fusiles fue asegurado por las autoridades.

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¿Hubo planes para enviar más armamento?

La acusación detalla que los acusados continuaron con la conspiración incluso después del aseguramiento del primer cargamento.

En octubre de 2024, Mirchev discutió la posibilidad de suministrar al CJNG:

• Misiles tierra-aire
• Drones antiaéreos
• Sistema de armas antiaéreas ZU-23

Sobre este último, Mirchev explicó que puede rastrear objetivos “automáticamente” y disparar munición de alto poder explosivo que “puede derribar helicópteros”.

Mirchev elaboró una lista de armamento con un valor total aproximado de 53.7 millones de euros (unos 58 millones de dólares) .

Por su parte, Asumo, Mpeirwe y Mwapinga acordaron nuevamente proporcionar documentación falsa para ocultar que las armas estaban destinadas al CJNG.

¿Cómo se financió la operación?

La acusación documenta transferencias de dinero vinculadas al esquema:

• En octubre de 2022, se transfirieron 5,000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos a una cuenta bancaria en Kenia a nombre de Asumo.
• En diciembre de 2022, se transfirieron 30,000 dólares a la misma cuenta como pago principal por el EUC obtenido de manera corrupta.
• En marzo de 2023, Asumo y Mwapinga recibieron miles de dólares por asistir a reuniones relacionadas con el acuerdo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
• En noviembre de 2023, se transfirieron 37,977.53 dólares desde Estados Unidos a una cuenta en Bulgaria a nombre de un fabricante de armas asociado a Mirchev.

¿Quién es Viktor Bout y qué vínculo tiene Mirchev?

La acusación revela que Mirchev no es un traficante novato. Anteriormente estuvo implicado en el suministro de armas a Viktor Bout, el traficante ruso conocido como el “Señor de la Guerra”.

Bout fue condenado en un tribunal federal de Nueva York por:

1. Conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses
2. Conspirar para adquirir y exportar misiles antiaéreos
3. Proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera

¿Qué es Operation Take Back America?

El caso forma parte de Operation Take Back America, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La operación moviliza todos los recursos de la dependencia para:

• Combatir la inmigración ilegal.
• Lograr la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
• Proteger a las comunidades de los responsables de crímenes violentos.

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¿Qué sigue?

Peter Dimitrov Mirchev compareció este viernes 20 de marzo, mientras que Elisha Odhiambo Asumo compareció el 12 de marzo.

La investigación continúa para comprobar la responsabilidad de los acusados en los crímenes documentados.

Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.