Nicolás Maduro solicita a un tribunal de EEUU que el Estado venezolano pague su defensa por narcotráfico, pese a contar con una fortuna personal y estar bajo sanciones
La petición será revisada por un juez federal en Nueva York y enfrenta el obstáculo de las sanciones que impiden usar fondos del Estado venezolano.
EEUU — El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, solicitó ante un tribunal federal que el régimen venezolano cubra los costos de su defensa legal, a pesar de contar con una fortuna personal considerable.
La petición se da en medio del proceso judicial que enfrenta en Nueva York y se suma a las tensiones entre Washington y Caracas por sanciones, reconocimiento político y uso de recursos estatales.
Qué pidió Maduro y qué analiza la justicia estadounidense
Los abogados de Maduro presentaron un escrito ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del caso, para que se autorice que el Estado venezolano pague los honorarios legales tanto de él como de su esposa, Cilia Flores.
Ambos se declararon no culpables de los cargos federales que enfrentan en Estados Unidos.
La defensa argumenta que, conforme a la legislación y práctica institucional de Venezuela, el gobierno asume la defensa legal del presidente y la primera dama cuando enfrentan procesos judiciales.
También sostienen que impedir ese financiamiento vulnera su derecho constitucional a elegir a sus abogados, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La postura del gobierno de Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses han respondido que no permitirán que fondos del Estado venezolano se utilicen para pagar la defensa de Maduro.
El Departamento de Justicia sostiene que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y que autorizar esos pagos contravendría las sanciones económicas vigentes contra el régimen venezolano y altos funcionarios.
El contexto del proceso penal
El caso contra Maduro y Flores se remonta a una acusación presentada en 2020, en la que se les señala por presunta conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.
Washington ha mantenido el caso como una prioridad judicial y diplomática, reforzando sanciones y recompensas relacionadas con su captura en años recientes.
Actualmente, ambos permanecen bajo custodia federal en Nueva York, a la espera de que avance el proceso.
Por qué esta solicitud abre un nuevo frente legal
La exigencia de que el Estado venezolano pague la defensa ha generado un debate legal adicional dentro del juicio.
La defensa insiste en que negar ese financiamiento afecta derechos básicos del acusado, mientras que el gobierno estadounidense sostiene que permitirlo implicaría autorizar el uso de recursos estatales sancionados en beneficio personal.
El tribunal deberá resolver este punto en una audiencia programada para finales de marzo, una decisión que podría influir en el desarrollo del caso.
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