Piden 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA por ordenar espionaje a empresarios, políticos y periodistas mediante un excomisario policial

ESPAÑA — La Fiscalía de España solicitó una pena de 173 años de prisión para Francisco González, expresidente de BBVA, por su presunta responsabilidad en la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas.

El caso forma parte de una investigación que ha salpicado a altos mandos del sector financiero y de seguridad, y pone en evidencia el uso de agentes externos para obtener información estratégica de terceros.

¿De qué se le acusa exactamente?

Según el Ministerio Público, González presuntamente ordenó y financió la contratación de Villarejo para obtener datos confidenciales de personas y organizaciones con las que BBVA tenía intereses. Las escuchas y seguimientos habrían incluido:

Dinero

BBVA enfrenta juicio en España por contratar a una red privada para espiar y obtener datos personales durante más de una década

• Empresarios vinculados a procesos de compra y venta de activos.
• Funcionarios públicos y políticos.
• Periodistas que cubrían temas financieros y de banca.

La Fiscalía sostiene que estas acciones se planearon y pagaron con recursos del banco sin consentimiento de los afectados.

¿Quién es Villarejo y qué papel jugó?

José Manuel Villarejo es un excomisario de la Policía Nacional que ha estado involucrado en múltiples investigaciones sobre servicios de inteligencia paralelos y espionaje político en España.

En este caso, la fiscalía sostiene que Villarejo actuó como operador y ejecutor de las órdenes para espiar a objetivos específicos para beneficio del BBVA, bajo contratos irregulares y fuera de los canales oficiales.

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¿Por qué piden 173 años de prisión?

La Fiscalía justifica la petición de 173 años de cárcel argumentando que se cometieron numerosos delitos continuados contra múltiples personas y que la estrategia habría afectado derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad.

La pena solicitada surge de la suma de los años correspondientes a cada delito atribuido, aunque la sentencia final dependerá del juicio y de las decisiones del tribunal.

Consecuencias legales y posibles sanciones

Si el tribunal acepta las solicitudes del fiscal, González podría enfrentar no solo prisión prolongada sino también:

• Multas económicas significativas.
• Inhabilitación profesional y pública.
• Indemnizaciones a las víctimas por daños y perjuicios.

Además, el caso puede sentar un precedente en España sobre la responsabilidad penal de ejecutivos corporativos en prácticas de espionaje.

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