Fiscales de EE. UU. frenan intento de Maduro de usar fondos del Estado venezolano para su defensa legal, califican la solicitud de “extraordinaria” y enfatizan sanciones que bloquean pagos
El Gobierno estadounidense señaló que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no pueden financiar sus abogados con recursos del Estado venezolano debido a sanciones de la OFAC, y pidió al juez denegar la moción de desestimación de cargos de narcoterrorismo
EEUU — Los fiscales federales de Estados Unidos calificaron de “extraordinaria” la solicitud del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, para que el Gobierno venezolano pague sus honorarios legales en el marco de un proceso por narcoterrorismo, según CNN.
El equipo de defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentó la moción de desestimación alegando que se violaron sus derechos constitucionales, ya que el Gobierno estadounidense supuestamente les habría impedido financiar su defensa con fondos estatales.
Qué argumenta la defensa
Según la defensa, la revocación de una licencia inicial de la OFAC para recibir pagos desde Venezuela obstaculizó su derecho a contratar abogados. Los defensores de Maduro argumentan que la denegación interfiere con el derecho a la defensa y vulnera garantías constitucionales de los acusados.
El abogado de Flores se sumó posteriormente a la moción tras la revocación de la licencia inicial.
Qué sostiene el Gobierno de EE. UU.
Los fiscales indicaron que la OFAC permitió a los acusados acceder a sus fondos personales en Venezuela, pero rechazó expresamente la solicitud de utilizar fondos estatales para pagar sus abogados, conforme a la normativa que prohíbe el uso de recursos de una entidad sancionada para beneficiar a otra persona sancionada.
“Desde la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio legítimo del Estado venezolano, ya que no eran funcionarios ni empleados legítimos”, escribieron los fiscales.
Aspectos legales y precedentes
Los fiscales señalaron que desconocen cualquier caso anterior en el que la OFAC haya autorizado que un gobierno sancionado financie los honorarios legales de otra persona sancionada.
Además, el caso plantea un debate legal sobre si Maduro y Flores son líderes legítimos de Venezuela y, en consecuencia, qué derechos podrían ostentar respecto a fondos estatales en medio de sanciones internacionales.
Por qué es relevante
El caso de Maduro refleja la complejidad de los procesos judiciales internacionales en contextos de sanciones económicas. Determina límites legales para el financiamiento de defensa legal de funcionarios sancionados y establece un precedente sobre la interpretación de regulaciones de la OFAC en casos de alto perfil político.
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