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Paraguay aprobó el acuerdo SOFA que permite la presencia de personal militar de Estados Unidos en el país como parte del plan estratégico Escudo de las Américas

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el acuerdo SOFA que permite la presencia de personal militar de EE. UU.

PARAGUAY.- Paraguay ha dado un paso decisivo en su política de defensa y relaciones exteriores. Este 11 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó con 53 votos a favor el acuerdo conocido como SOFA (Status of Forces Agreement), el cual regula la presencia temporal de tropas y personal civil de Estados Unidos en su territorio.

Este convenio, que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo, busca estrechar la colaboración en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Según los registros de la Cámara de Diputados de Paraguay, la medida representa un cambio estratégico en la región bajo el marco del plan “Escudo de las Américas”.

¿Qué implica la presencia de militares en Paraguay?

El acuerdo SOFA no otorga libertad absoluta para operaciones militares, sino que delimita las tareas permitidas bajo un esquema de cooperación técnica. Los puntos centrales del documento establecen que el personal estadounidense podrá ingresar al país para:

  • Entrenamiento especializado y ejercicios militares conjuntos con las fuerzas locales.
  • Labores de asistencia humanitaria en zonas vulnerables.
  • Capacitación estratégica para el combate al terrorismo y al narcotráfico transnacional.

Ante las dudas generadas en la opinión pública, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, aclaró que este tratado no permite la instalación de bases militares permanentes. La estancia del personal será temporal y siempre vinculada a los objetivos específicos del convenio.

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El debate sobre la inmunidad y la jurisdicción

Uno de los aspectos más analizados por legisladores y expertos es el tratamiento jurídico que recibirán los efectivos extranjeros. El acuerdo establece que el personal de Estados Unidos gozará de una inmunidad equivalente a la de los diplomáticos.

Esto implica que, en caso de que un elemento estadounidense cometa un delito en territorio paraguayo, será Estados Unidos quien ejerza la jurisdicción penal sobre su propio personal. Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo a esta cláusula, argumentando que podría generar un escenario de impunidad y vulnerar la soberanía nacional. Sin embargo, los defensores del pacto sostienen que es un estándar internacional necesario para la cooperación militar de alto nivel.

¿Qué tiene que ver el “Escudo de las Américas”?

Este movimiento en Paraguay no ocurre de forma aislada. Forma parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para reposicionar la influencia estadounidense en el cono sur. Este plan, denominado “Escudo de las Américas”, tiene como trasfondo dos objetivos globales:

  1. Contención regional: Reforzar las fronteras aliadas contra el narcotráfico y el flujo migratorio.
  2. Competencia con China: Frenar el avance comercial y político del gigante asiático en Latinoamérica mediante alianzas militares y de seguridad.

Paraguay se posiciona así como un aliado clave en el hemisferio. Se han reportado movimientos similares en otros países; por ejemplo, Chile también ha mostrado interés en sumarse a esta iniciativa mediante acuerdos que vinculan la seguridad con el acceso a minerales críticos, fundamentales para la tecnología moderna.

¿Está en riesgo la soberanía de Paraguay?

La ratificación del acuerdo SOFA inserta a Paraguay en una dinámica de vigilancia continental que contrasta con el repliegue de fuerzas estadounidenses en otras latitudes. Mientras que en escenarios como Siria el ejército local ha recuperado el control de instalaciones previamente ocupadas por tropas norteamericanas, en Sudamérica la tendencia se desplaza hacia la apertura de territorios para el despliegue de personal extranjero.

Este movimiento integra al país en el esquema del “Escudo de las Américas”, una estrategia que prioriza los intereses de seguridad de Washington en la región.

Para la administración paraguaya, el convenio se presenta como una vía técnica para el equipamiento de sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, diversos sectores advierten que el tratado constituye una cesión de facultades judiciales, al otorgar inmunidad a efectivos externos frente a la ley local.

Una vez que el acuerdo entre en vigor, el punto de fricción persistente será la contradicción entre las políticas de seguridad nacional y el mantenimiento de la autonomía jurídica frente a tribunales extranjeros.

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