Campesina forzada a esterilización murió en Perú tras programa de “planificación familiar” durante el gobierno de Fujimori y ahora el país tiene problemas internacionales

PERÚ.- — Bajo una presunta campaña de control de natalidad y “planificación familiar”, el fallecido ex presidente peruano Alberto Fujimori implementó en sus últimos cuatro años de mandato la esterilización de millones de mujeres, como cita la agencia de noticias AFP.

Esta campaña causó la muerte de una campesina en 1997 y recién este marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad de Perú por su programa de esterilización forzada.

La Corte fue tajante al declarar la responsabilidad internacional del Estado por el fallecimiento de la víctima identificada como Celia Edith Ramos debido a las intervenciones.

Mundo

Nuevo México investigará esterilizaciones forzadas de mujeres nativas por parte del Servicio de Salud Indígena en la década de 1970 en Estados Unidos

¿Cómo fue la muerte de Cecilia por el control natal en Perú?

Celia Edith Ramos Durand, quien perdió la vida después del procedimiento quirúrgico, habría sido visitada en repetidas ocasiones por personal de salud con el objetivo de persuadirla para que aceptara una ligadura de trompas.

Así lo establece la denuncia presentada por su esposo ante instancias del sistema interamericano de justicia, donde se expone que la decisión no habría sido completamente libre ni informada.

De acuerdo con el expediente, las visitas médicas no fueron aisladas. Según el señalamiento:

• Profesionales de la salud acudieron de manera reiterada a dialogar con ella.
• Le insistieron en la conveniencia del procedimiento.
• No se habría garantizado plenamente que comprendiera los riesgos.
• Tampoco habría existido un consentimiento plenamente informado en condiciones adecuadas.

¿Qué pasó cuando la mujer campesina finalmente accedió a la esterilización tras demasiadas insitencias?

Tras aceptar la intervención quirúrgica, Ramos Durand fue sometida a la operación. Sin embargo, durante el procedimiento presentó complicaciones médicas graves.

Según los hechos documentados:

• Se registraron fallas durante la cirugía.
• Su estado de salud se deterioró de manera inmediata.
• Fue trasladada de emergencia a una clínica en la ciudad de Piura.
• Ingresó en estado de coma.

La muerte de Cecilia y la denuncia de su esposo

A pesar de los esfuerzos médicos posteriores, la mujer falleció a consecuencia de las complicaciones derivadas del procedimiento.

Frente a lo ocurrido, su esposo presentó una denuncia penal contra el personal médico que participó en la intervención. El reclamo buscaba esclarecer:

• Si existió negligencia médica.
• Si el procedimiento fue realizado bajo presión indebida.
• Si se violaron protocolos sanitarios.
• Si hubo responsabilidad individual o institucional.

¿Qué pasó con la denuncia?

No obstante, el caso fue archivado en una primera instancia. Con el paso del tiempo, el proceso penal ha sido reabierto y posteriormente archivado en al menos dos ocasiones adicionales, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva.

Esta serie de cierres y reaperturas ha sido uno de los puntos centrales en la denuncia ante la justicia interamericana, donde se argumenta que no hubo una investigación exhaustiva ni acceso efectivo a la justicia para la familia.

Mundo

Nuevo México investigará esterilizaciones forzadas de mujeres nativas por parte del Servicio de Salud Indígena en la década de 1970 en Estados Unidos

Te puede interesar: En un asalto de película, un empresario fue despojado de más de 30 millones de pesos en efectivo y 60 kilos de oro luego de que un comando armado interceptó su vehículo, disparó para intimidar y logró escapar con el botín

El caso se ha convertido en un referente dentro del debate sobre:

• Derechos reproductivos.
• Consentimiento informado en procedimientos médicos.
• Responsabilidad del Estado en políticas de planificación familiar.
• Acceso a la justicia en casos de presunta negligencia médica.

La revisión internacional busca determinar si existieron violaciones a derechos fundamentales y si el Estado cumplió con su obligación de investigar de manera diligente lo ocurrido. Organizaciones como Amnistía Internacional no quitaron “el dedo de renglón” y contribuyeron en su reapertura.