Por tercera vez la justicia frena al gobierno de Donald Trump y bloquea la política que exigía al Congreso avisar con siete días de anticipación antes de visitar centros de detención del ICE, al considerar que la medida del Departamento de Seguridad Nacional probablemente es ilegal
Un tribunal federal en Washington vuelve a bloquear la medida impulsada por el gobierno de Trump que buscaba limitar las inspecciones del Congreso en centros de detención migratoria, al considerar que la política del DHS podría violar restricciones presupuestarias y principios legales de supervisión legislativa
EEUU — La justicia federal en Estados Unidos volvió a frenar una política impulsada por el gobierno de Donald Trump que pretendía restringir las visitas del Congreso a centros de detención del ICE, al exigir que los legisladores notificaran con siete días de anticipación cualquier inspección a instalaciones migratorias.
Según información de El País, la jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, determinó que la política promovida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) probablemente es ilegal, por lo que ordenó bloquear su aplicación mientras continúa el proceso judicial.
La jueza advierte que la política podría violar la ley
En su resolución, la jueza Jia M. Cobb señaló que el Congreso de Estados Unidos ha establecido claramente que no pueden utilizarse fondos públicos para impedir o limitar el acceso de los legisladores a las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional cuando realizan tareas de supervisión institucional.
La magistrada subrayó que “el poder del dinero recae en el Congreso”, por lo que incluso una agencia federal con amplios recursos debe respetar las restricciones presupuestarias impuestas por el Legislativo sobre el uso de los fondos asignados.
De acuerdo con el fallo judicial, existe una alta probabilidad de que la administración haya utilizado recursos presupuestarios restringidos para diseñar y aplicar la política que obligaba a los legisladores a avisar con una semana de anticipación antes de visitar los centros de detención migratoria del ICE.
El Gobierno defendió la política con argumentos presupuestarios
Durante el litigio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que los gastos relacionados con la nueva política podrían cubrirse con recursos provenientes de la reforma fiscal impulsada por Donald Trump, aprobada el año anterior.
Sin embargo, la jueza Cobb calificó esos argumentos como “poco convincentes” y concluyó que las restricciones presupuestarias del Congreso son amplias y de gran alcance, por lo que también abarcan gastos indirectos necesarios para aplicar una política gubernamental.
Esto incluye, por ejemplo, salarios de funcionarios del DHS, recursos administrativos y actividades de coordinación realizadas por la oficina de relaciones congresionales del ICE, encargada de organizar las visitas de los legisladores.
El bloqueo judicial protege el derecho de supervisión del Congreso
La decisión judicial impide que el gobierno exija la notificación previa de siete días a cualquier miembro del Congreso que desee inspeccionar instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras continúa el proceso legal.
La demanda fue presentada por 13 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, quienes denunciaron que la política representaba una restricción indebida a las facultades de supervisión del Congreso sobre las agencias federales.
Los congresistas iniciaron el litigio después de que una versión previa de la política fuera restablecida en enero, apenas un día después de que un agente del ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renée Good en Minneapolis, un caso que generó protestas y fuerte debate político en Estados Unidos.
La muerte de Renée Good, una mujer de 37 años, ocurrió el 7 de enero de 2026, cuando un agente federal abrió fuego contra su vehículo durante una operación migratoria en Minneapolis, incidente que desató protestas y cuestionamientos sobre las operaciones de inmigración en el país.
El tribunal cuestiona el argumento de seguridad del gobierno
La administración federal defendió la política argumentando que la notificación previa era necesaria para garantizar la seguridad del personal, visitantes y detenidos dentro de las instalaciones migratorias.
No obstante, la jueza Cobb concluyó que el gobierno no presentó ejemplos concretos de incidentes de seguridad que justificaran limitar las visitas sin previo aviso del Congreso.
En su fallo, la magistrada señaló que los legisladores han demostrado una necesidad significativa de obtener información en tiempo real sobre las condiciones dentro de los centros de detención, la situación de las personas detenidas y las prácticas operativas de las autoridades migratorias.
El conflicto ocurre en medio de creciente escrutinio sobre la política migratoria
La resolución judicial llega en un contexto de creciente escrutinio político y público sobre las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump y las condiciones dentro de los centros de detención del ICE.
Además, el caso coincide con un cierre parcial del gobierno federal que afecta la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, aunque la jueza enfatizó que esa situación no modifica las obligaciones legales del departamento frente a las restricciones presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que apelará la decisión, defendiendo la política como una medida de “sentido común” destinada a proteger la seguridad del personal, las fuerzas del orden, los visitantes y los detenidos.
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