Nuevo México investigará esterilizaciones forzadas de mujeres nativas por parte del Servicio de Salud Indígena en la década de 1970 en Estados Unidos

SANTA FÉ, Nuevo México.- Décadas después de que miles de mujeres nativas americanas fueran esterilizadas sin su consentimiento pleno por parte del Servicio de Salud Indígena (IHS, por sus siglas en inglés), el estado de Nuevo México ha aprobado una medida para investigar esta preocupante historia y su daño duradero en las comunidades originarias.

Los legisladores estatales dieron luz verde esta semana a una iniciativa que encomienda al Departamento de Asuntos Indígenas de Nuevo México y a la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinar la historia, el alcance y el impacto continuo de las esterilizaciones forzadas y coaccionadas de mujeres de color por parte del IHS y otros proveedores de salud.

Se espera que los resultados sean presentados al gobernador a finales de 2027

“Es importante que Nuevo México comprenda las atrocidades que ocurrieron dentro de las fronteras de nuestro estado”, declaró la senadora estatal Linda López, una de las patrocinadoras de la legislación, durante el debate previo a la aprobación.

Mundo

Mientras Sheinbaum le sigue apostando al T-MEC para enfrentarse a China, Canadá ya entrelazó relación con el gobierno chino al llamarlo “socio estratégico” y Trump tachó el tratado de “irrelevante”

Nuevo México no es el primer estado en confrontar este oscuro capítulo.

En 2023, Vermont creó una comisión de verdad y reconciliación para estudiar la esterilización forzada de grupos marginados, incluidos los indígenas estadounidenses.

Un año después, California comenzó a pagar indemnizaciones a personas que fueron esterilizadas sin su consentimiento en prisiones y hospitales estatales.

En la década de 1970, mujeres como Jean Whitehorse, ciudadana de la Nación Navajo, ingresaron a hospitales del IHS para procedimientos médicos rutinarios y salieron esterilizadas sin su conocimiento.

Whitehorse, que tenía 22 años y acababa de ser madre, acudió en 1972 al hospital de Gallup, Nuevo México, con apendicitis.

Antes de la cirugía de urgencia, firmó lo que creía eran formularios de consentimiento estándar.

“Años después, cuando intentaba concebir un segundo hijo, descubrí que me habían realizado una ligadura de trompas”, relata Whitehorse.

La noticia, dice, devastó su vida, contribuyó a la ruptura de su relación y la sumió en una espiral de alcoholismo.

El grupo activista Mujeres de Todas las Naciones Rojas (WARN), surgido del Movimiento Indígena Americano, ya denunciaba estas prácticas en la década de 1970.

Mundo

Mientras Sheinbaum le sigue apostando al T-MEC para enfrentarse a China, Canadá ya entrelazó relación con el gobierno chino al llamarlo “socio estratégico” y Trump tachó el tratado de “irrelevante”

En 1974, la médica choctaw y cherokee Connie Redbird Uri revisó registros del IHS y alegó que la agencia había esterilizado hasta al 25% de sus pacientes en edad fértil.

Estas acusaciones impulsaron una auditoría de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) en 1976, que determinó que el IHS esterilizó a 3,406 mujeres en cuatro de las 12 áreas de servicio de la agencia entre 1973 y 1976, incluyendo Albuquerque.

El informe reveló que algunas pacientes eran menores de 21 años y que la mayoría había firmado formularios que no cumplían con las regulaciones federales para garantizar el consentimiento informado.

Sin embargo, los defensores de las víctimas señalan que la auditoría fue limitada: no incluyó entrevistas con las mujeres afectadas, argumentando que “no sería productivo” debido a supuestas dificultades de memoria.

Hasta la fecha, el gobierno federal no ha realizado una investigación exhaustiva ni ha reconocido oficialmente lo que la profesora Sarah Deer, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, califica como una campaña de esterilizaciones “sistémicas” en comunidades nativas.

Trauma intergeneracional y desconfianza médica

El impacto de estas prácticas se extiende hasta nuestros días; Rachael Lorenzo, directora ejecutiva de Indigenous Women Rising, organización de salud sexual y reproductiva con sede en Albuquerque, advierte que cualquier investigación debe manejarse con sensibilidad para evitar la retraumatización de las sobrevivientes y sus descendientes.

“Es un tema muy tabú. Se necesita mucho apoyo cuando contamos estas historias traumáticas”, señala Lorenzo.

Durante una audiencia legislativa celebrada este mes en Nuevo México, el Dr. Donald Clark, médico retirado del IHS, testificó que aún atiende a pacientes jóvenes “que buscan anticonceptivos pero no confían en que no serán esterilizadas irreversiblemente” debido a las historias transmitidas silenciosamente por sus abuelas, madres y tías.

“Es un problema que afecta la elección de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres hoy en día”, afirmó Clark.

Expertas como Deer y Lorenzo enmarcan estas esterilizaciones en un contexto más amplio de políticas federales destinadas a perturbar la autonomía reproductiva de los pueblos nativos.

Esto incluye el traslado sistemático de niños indígenas a internados gubernamentales y hogares de acogida no nativos, así como la Enmienda Hyde de 1976, que impide que clínicas y hospitales tribales con financiación federal realicen abortos en casi todos los casos.

En Canadá, médicos fueron sancionados tan recientemente como en 2023 por esterilizar a mujeres indígenas sin su consentimiento, lo que evidencia que la práctica no es exclusiva de Estados Unidos.

Whitehorse, que durante casi 40 años guardó silencio sobre su experiencia, ahora defiende públicamente a las víctimas.

En 2025 testificó ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, exigiendo a Estados Unidos una disculpa formal.

“Cada vez que cuento mi historia, se alivia la vergüenza, la culpa”, comparte. “Ahora pienso, ¿por qué debería avergonzarme? Es el gobierno el que debería avergonzarse de lo que nos hicieron”.

Te podría interesar: “Traicionados por el Estado”: Pueblos indígenas siguen esperando justicia 30 años después de Acuerdos de San Andrés

El Servicio de Salud Indígena y su agencia matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., no respondieron a solicitudes de comentarios sobre la investigación estatal.

Deer advierte que, si bien la investigación de Nuevo México podría allanar el camino para la rendición de cuentas, la capacidad de la comisión será limitada sin la cooperación del gobierno federal.

No obstante, considera que “ya era hora” de que estas historias sean reconocidas oficialmente, pues “las mujeres de estas comunidades son portadoras de estas historias”.