Fue condenada a cadena perpetua por menos de dos onzas de marihuana y ya lleva casi 20 años en prisión: la historia de Tameka Drummer y la lucha por su liberación
Mientras varios estados legalizan la marihuana, ella sigue en prisión por un delito menor cometido hace casi 20 años; su caso se ha convertido en emblema de las condenas más severas del sistema penal de EEUU.
Tameka Drummer cumple una sentencia de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional en el estado de Mississippi desde 2008 por posesión de una pequeña cantidad de marihuana, un castigo que ha generado debate nacional y movilizado peticiones públicas para su liberación.
En una revisión reciente del Registro Penitenciario del Departamento de Correcciones de Mississippi, su caso aparece registrado con sentencia vitalicia tras una condena por posesión de marihuana en el condado de Alcorn.
Cómo comenzó su condena
La historia de Drummer empezó en 2006, durante una detención de tránsito en la que oficiales la pararon por una placa vencida en su vehículo.
En el registro, encontraron menos de dos onzas de marihuana, cantidad que en muchos estados de Estados Unidos sería tratada con una multa o sentencia menor.
Sin embargo, en Mississippi aplicaron la ley de “habitual offender” (delincuente habitual), que impone penas drásticas cuando una persona con antecedentes penales comete un nuevo delito, incluso si este es menor.
En su caso, debido a dos condenas previas por delitos graves, el cargo por marihuana desencadenó una sentencia de prisión de por vida sin libertad condicional.
Tameka había sido condenada anteriormente por homicidio involuntario en 1992 y asalto agravado en 1998 en el estado de Tennessee.
Bajo la ley habitual de Mississippi, dos antecedentes de delitos violentos y un tercer delito califican automáticamente para la pena máxima, sin posibilidad de suspensión o reducción.
La realidad de la sentencia
La pena de por vida que recibe Drummer es especialmente significativa porque su último cargo, posesión de marihuana, es considerado no violento y, en muchos lugares de Estados Unidos, incluso está despenalizado o regulado.
Organizaciones dedicadas a estudiar políticas de justicia han señalado que Mississippi tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del país y que sus leyes de reincidencia amplifican castigos incluso cuando los delitos recientes son menores.
Aunque en 2021 el estado aprobó una ley de elegibilidad de libertad condicional para algunos reclusos, las personas sentenciadas bajo la ley de “habitual offender” quedaron excluidas de esos beneficios, lo que deja a Drummer sin posibilidad de liberarse bajo el nuevo esquema.
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El impacto familiar
Cuando fue detenida, Drummer tenía 34 años y era madre de cuatro hijos. Su hijo menor tenía apenas cuatro años.
Desde entonces, numerosos familiares han hablado sobre el impacto de su ausencia, señalando que su prisión prolongada no solo la separó de su familia sino que alteró la dinámica de crianza y cuidado de sus hijos.
Su hermana ha defendido su derecho a una segunda oportunidad, argumentando que la sentencia no solo afecta a Tameka, sino a toda su familia, que carga con este destino desde hace casi dos décadas.
Campañas y peticiones por su liberación
El caso ha captado atención en campañas digitales y peticiones en línea, donde defensores de derechos humanos y justicia penal piden al gobernador del estado, Tate Reeves, que otorgue indulto, clemencia o conmute la sentencia.
Una de las peticiones más visibles en la plataforma Change.org ha acumulado cientos de miles de firmas, solicitando que se revise su caso y se le permita volver con su familia.
En esa petición se menciona que su liberación también tendría un impacto en los recursos públicos, al evitar el gasto continuo de mantener una prisión por un caso que hoy sería considerado menor.
Pese a estos esfuerzos, el gobernador y otros funcionarios han señalado que no están contemplando indultos para su caso, reiterando que la ley se aplicó de acuerdo con las normas vigentes y que cualquier cambio debe pasar por los procesos legislativos y del sistema de justicia del estado.
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Debate sobre política de drogas y justicia penal
El caso de Tameka ha sido citado en informes sobre la necesidad de reformas a las leyes de reincidencia y sentencias mínimas obligatorias, en particular en situaciones donde delitos menores desencadenan penas extremadamente altas por antecedentes previos.
Grupos que abogan por cambios en la política penal argumentan que este tipo de leyes no necesariamente mejora la seguridad pública y pueden tener consecuencias sociales y económicas duraderas, afectando familias enteras y perpetuando desigualdades raciales en el sistema penitenciario.
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