La Fiscalía advierte que instalar cámaras en su casa o negocio es legal, pero divulgar o usar mal las grabaciones puede generarle problemas judiciales y sanciones por vulnerar datos personales

COLOMBIA — En un contexto de aumento en la percepción de inseguridad, cada vez más ciudadanos instalan cámaras de videovigilancia en viviendas y locales comerciales. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación advirtió que, aunque su instalación es legal, el uso indebido de las grabaciones puede generar consecuencias jurídicas.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la entidad recordó que las imágenes captadas en espacios públicos o accesos a inmuebles son válidas cuando el objetivo es la protección de bienes y seguridad, pero deben manejarse dentro del marco normativo vigente.

¿Qué dice la ley sobre las grabaciones?

La principal norma aplicable es la Ley 1581 de 2012, que regula el tratamiento de datos personales en Colombia.

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Las imágenes donde aparecen personas identificables constituyen datos personales, por lo que no pueden ser divulgadas libremente ni utilizarse para fines distintos a la protección del inmueble.

En términos prácticos, esto implica que un propietario no puede:

• Publicar en redes sociales el rostro de un presunto ladrón.
• Compartir videos en grupos de mensajería para exponer a alguien.
• Utilizar las imágenes para vigilar conductas privadas de vecinos, empleados o transeúntes.

Hacerlo podría derivar en investigaciones por vulneración del derecho a la intimidad o por uso indebido de datos personales.

¿Está obligado a entregar los videos a las autoridades?

Según explicó la Fiscalía General de la Nación, cuando la Policía, el CTI u otra autoridad de policía judicial adelantan actos urgentes para esclarecer un delito, pueden solicitar las grabaciones sin necesidad de una orden judicial previa, si el objetivo es evitar la pérdida de evidencia.

En casos que no revistan urgencia, la recolección del material debe estar respaldada por la orden de un fiscal delegado.

En cualquiera de los escenarios, la colaboración del ciudadano es obligatoria.

Negarse injustificadamente a suministrar las imágenes puede interpretarse como obstrucción a la justicia, especialmente si el contenido resulta determinante en una investigación penal.

Si el propietario se rehúsa a entregar el material solicitado formalmente, el fiscal puede acudir ante un juez de control de garantías para obtener autorización judicial, y esa negativa podría agravar su situación jurídica.

Recomendaciones oficiales al entregar grabaciones

La Fiscalía emitió recomendaciones claras para quienes deban suministrar material de videovigilancia:

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• No borrar, editar ni alterar el contenido original.
• Entregar copia en dispositivos como USB, CD o almacenamiento en la nube.
• Solicitar un acta o constancia de recibido.
• Abstenerse de divulgar el material en redes sociales o enviarlo a terceros.

Crece la videovigilancia en Colombia

Según cifras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, en Colombia existen más de 26 mil cámaras instaladas, de las cuales poco más del 50% están operativas.

En Bogotá funcionan más de 5 mil cámaras administradas por el Distrito, además de más de 4 mil dispositivos privados y más de 300 con visión de 360 grados.

Ante la cobertura limitada del sistema público, miles de hogares y negocios han optado por invertir en tecnología de seguridad. No obstante, las autoridades insisten en que estos dispositivos deben utilizarse exclusivamente con fines preventivos y de protección, y no como herramientas de vigilancia personal o exposición pública.