Argentina avanza para que menores desde los 14 años sean imputables penalmente por delitos graves
La propuesta busca que adolescentes de 14 y 15 años respondan ante la justicia por delitos considerados graves, en un cambio que modificaría las reglas actuales del sistema penal juvenil en Argentina.
Actualmente, la legislación argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser imputados penalmente por delitos.
Los adolescentes de 16 y 17 años sí pueden ser juzgados en ciertos casos, aunque las penas de prisión en cárceles comunes se aplican, en general, a partir de los 18 años.
Con la reforma aprobada en Diputados, ese umbral bajaría a 14 años, lo que permitiría iniciar procesos penales contra adolescentes más jóvenes.
Qué pena y condiciones contempla la iniciativa
El proyecto aprobado establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser procesados penalmente si cometen delitos considerados graves.
En esos casos, las penas máximas podrían llegar hasta 15 años de prisión, según lo previsto en el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Para delitos menores, la iniciativa contempla penas alternativas, como servicios comunitarios, libertad asistida o medidas socioeducativas, sin prisión efectiva.
El texto también prevé condiciones especiales de detención, con resguardo de derechos, acceso a educación y atención clínica cuando sea necesario.
Debate político y social que rodea la iniciativa
La reforma ha generado posiciones encontradas dentro y fuera del Congreso.
El oficialismo y partidos aliados sostienen que la medida responde a una demanda social por mayor seguridad y busca evitar la impunidad en delitos graves.
En contraste, sectores de la oposición advierten que bajar la edad de imputabilidad puede derivar en una mayor criminalización de adolescentes y reclaman políticas preventivas, educativas y sociales.
Organismos internacionales como UNICEF han señalado que reducir la edad penal no garantiza una disminución del delito y puede implicar retrocesos en derechos de la infancia.
Qué implicaría para familias y adolescentes
Si la reforma se convierte en ley, adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos graves podrían enfrentar procesos penales formales.
Esto tendría un impacto directo en sus familias y en el sistema de justicia juvenil, que deberá adaptarse para atender más casos y garantizar derechos procesales.
También obligaría al Estado a fortalecer infraestructura, programas de reinserción y esquemas de seguimiento para menores involucrados en procesos penales.
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