Un juez ordena al gobierno de Trump regresar a venezolanos deportados a El Salvador, tras su reclusión en una cárcel destinada a pandillas pese a no enfrentar cargos penales
Un tribunal federal concluyó que el gobierno incumplió garantías legales básicas al expulsar a migrantes venezolanos y le ordenó tomar medidas activas para permitir su retorno, al considerar que fueron enviados fuera del país sin audiencias ni defensa adecuada.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó este 12 de febrero de 2026 al gobierno de Donald Trump que facilite el retorno a Estados Unidos de algunos venezolanos que fueron deportados a El Salvador, tras considerar que sus derechos legales fueron violados al expulsarlos sin debido proceso.
La decisión afecta principalmente a más de 130 venezolanos que en marzo de 2025 fueron enviados a la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) en El Salvador y luego deportados a Venezuela o terceros países.
Qué ordenó el juez y qué implica
El magistrado James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Washington D.C., determinó que el gobierno debe hacer arreglos logísticos y cubrir los costos de viaje para quienes actualmente estén en terceros países y deseen regresar a Estados Unidos.
La orden también establece que aquellos que aún se encuentren en Venezuela pueden presentar recursos legales desde el extranjero, como procedimientos de habeas corpus, para impugnar su deportación.
Violaciones de proceso legal y antecedentes
La medida judicial se basa en el argumento de que estos venezolanos fueron deportados sin un debido proceso legal, en violación de sus derechos constitucionales. En algunos casos, fueron acusados de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua sin pruebas claras que respaldaran esa determinación.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración anterior para justificar estas expulsiones ha sido objeto de críticas, y el juez señaló que el proceso no respetó las garantías básicas de defensa.
Qué sigue tras la orden judicial
El gobierno estadounidense deberá presentar un plan antes del 13 de marzo detallando cómo garantizará el regreso de los migrantes interesados desde terceros países.
Quienes regresen podrán enfrentar procedimientos migratorios y judiciales en suelo estadounidense, que incluirían la revisión de sus casos y la posibilidad de volver a solicitar protección o respuesta legal.
Repercusión política y de derechos humanos
La orden representa un revés judicial para la política migratoria de Trump, que ha incluido deportaciones masivas y acuerdos con terceros países para expulsar a migrantes.
Organizaciones de derechos humanos habían advertido que estas deportaciones colocaban a los migrantes en riesgo de abusos, dadas las condiciones en prisiones como el CECOT y los informes previos de detenciones arbitrarias.
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