Administración Trump gastó al menos 40 millones de dólares en deportaciones a terceros países, revela informe del Senado

WASHINGTON.— La administración del presidente Donald Trump destinó al menos 40 millones de dólares para deportar a cerca de 300 migrantes a países distintos de los suyos, como parte de una estrategia para acelerar las expulsiones y cumplir los objetivos migratorios de la Casa Blanca, de acuerdo con un informe elaborado por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

El documento, liderado por la senadora Jeanne Shaheen, representa la primera revisión formal del Congreso sobre esta política y califica las deportaciones a terceros países como una práctica “costosa, derrochadora y con escasa supervisión”, al tiempo que advierte que el programa opera “en gran medida en la oscuridad”.

Pagos millonarios y pocos deportados

Según el informe, el gobierno estadounidense realizó pagos globales de entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a cinco países —Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos— para que aceptaran a migrantes que no eran ciudadanos de esas naciones.

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El caso más significativo es el de El Salvador, que recibió a unos 250 ciudadanos venezolanos en marzo del año pasado. En contraste, Guinea Ecuatorial recibió apenas 29 migrantes, mientras que Palaos no ha recibido ninguno hasta ahora, pese a los acuerdos firmados.

Los demócratas subrayan que estos países representan solo una fracción de la estrategia global de la administración Trump. De acuerdo con documentos internos revisados por The Associated Press, existen 47 acuerdos con terceros países en distintas etapas de negociación:

• 15 ya concluidos
• 10 concluidos o cerca de concluirse

Asilo en terceros países y falta de transparencia

Además de las deportaciones, la administración negocia acuerdos para que solicitantes de asilo permanezcan en terceros países mientras se resuelven sus casos. Actualmente, hay 17 acuerdos de este tipo en diferentes fases, incluidos nueve que ya han entrado formalmente en vigor, aunque el gobierno sostiene que no es indispensable que estén completamente cerrados para enviar migrantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, encargado de supervisar las negociaciones, ha defendido la política como parte central de la campaña de Trump contra la inmigración ilegal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó públicamente las deportaciones al ser cuestionado en una audiencia del Senado:

“Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país”.

Críticas por derechos humanos y debido proceso

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han denunciado que la política de “tercer país” viola el derecho al debido proceso y expone a las personas deportadas a países con antecedentes de violaciones de derechos humanos, corrupción y sistemas judiciales débiles.

Durante una visita a Sudán del Sur, el personal demócrata del comité documentó la existencia de una casa cercada y vigilada por guardias armados, donde permanecían deportados, incluidos migrantes provenientes de Vietnam y México.

Ineficiencia y costos adicionales

El informe también cuestiona la eficiencia económica del programa. Se documentan varios casos en los que migrantes fueron enviados primero a un tercer país, para luego ser trasladados nuevamente —en vuelos pagados por Estados Unidos— a su país de origen.

“En muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales”, señaló Shaheen en un comunicado conjunto firmado también por los senadores Chris Coons, Tammy Duckworth, Tim Kaine, Jack Rosen y Chris Van Hollen.

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Dudas sobre beneficios y posibles concesiones políticas

Otro de los puntos críticos del informe es la falta de claridad sobre los beneficios que reciben —o esperan recibir— los países que aceptan migrantes de terceros Estados.

De acuerdo con comunicaciones diplomáticas divulgadas por el Departamento de Estado en enero, tras establecerse un acuerdo, Sudán del Sur envió a Washington una lista de solicitudes que incluía:

• Apoyo estadounidense para el enjuiciamiento de un líder opositor
• Alivio de sanciones contra un alto funcionario acusado de desviar más de 1,000 millones de dólares en fondos públicos

Shaheen también cuestionó un pago de 7.5 millones de dólares a Guinea Ecuatorial, que coincidió con un acercamiento de la administración Trump al vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang, conocido internacionalmente por acusaciones de corrupción y un estilo de vida lujoso que ha sido investigado por fiscales en varios países.

Debate abierto en el Congreso

El informe aviva el debate en el Congreso sobre el costo, la legalidad y las implicaciones humanitarias de la política migratoria de Trump, en un contexto donde la inmigración continúa siendo uno de los temas más polarizantes de la política estadounidense y una pieza central de su estrategia electoral.

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