Republicanos de Ohio presentan paquete legislativo para endurecer medidas antimigratorias: Pretende prohibir las ciudades santuario, criminalizar estatalmente a indocumentados y otorgar acceso a agentes federales a hospitales

OHIO, Estados Unidos.- La Cámara de Representantes de Ohio, de mayoría republicana, presentó un paquete legislativo de cuatro proyectos de ley que busca transformar radicalmente la relación del estado con la aplicación de la ley migratoria federal.

La iniciativa, ya bautizada por algunos como el “Paquete de Cooperación”, pretende prohibir las ciudades santuario, criminalizar la presencia indocumentada y otorgar acceso a agentes federales en hospitales, según la información presentada por el representante Josh Williams, republicano de Sylvania, y documentada en los textos legislativos HB 26, HB 200, HB 281 y HB 554.

Esta ofensiva legislativa ha desatado de inmediato una fuerte batalla partidista sobre soberanía estatal, seguridad pública y los derechos de las comunidades inmigrantes, enfrentando las propuestas republicanas con un paquete legislativo rival presentado por los demócratas.

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El debate central se enfoca en si Ohio debe involucrar a sus recursos policiales y judiciales en lo que históricamente ha sido una responsabilidad civil federal, y cuáles son las consecuencias reales para la confianza comunitaria y la salud pública.

Estos proyectos, ahora en comité, podrían redefinir la vida diaria de miles de residentes y la operación de gobiernos locales y hospitales en todo el estado.

¿Qué propone exactamente el “Paquete de Cooperación” republicano?

Los cuatro proyectos de ley funcionan de manera conjunta para crear un marco de aplicación estatal de la inmigración. No se trata de una sola idea, sino de una estrategia de varios frentes.

1. HB 26: El fin de la discreción local. Este es el proyecto central. Obligaría a todas las agencias de policía y gobiernos locales a cumplir con las solicitudes de detención de ICE (Control de Inmigración y Aduanas). Actualmente, muchos condados deciden no retener a personas más allá de su liberación por una infracción local si la única razón es una detención migratoria civil. La ley elimina esa opción. Para forzar el cumplimiento, plantea recortes en el financiamiento estatal a municipios que se resistan y, significativamente, incluye una “cláusula de emergencia” para que entre en vigor de inmediato con la firma del gobernador.
2. HB 200: Un nuevo delito estatal. Este es el cambio más trascendental. Crearía el delito de “presencia no autorizada” en Ohio, clasificado como un delito grave de quinto grado. En la práctica, otorgaría a cualquier policía estatal o local la autoridad para arrestar a una persona basándose únicamente en su estatus migratorio, un poder que hasta ahora solo ejercían los agentes federales. Sigue un modelo similar a intentos legislativos en estados como Texas.
3. HB 281: Agentes federales en hospitales. Posiblemente la medida más controvertida, exigiría a hospitales y centros de salud mental permitir el acceso a agentes de inmigración que realicen operaciones de aplicación de la ley. Las instituciones que se negaran podrían enfrentar la pérdida de fondos estatales y hasta de financiamiento Medicaid. La Asociación de Hospitales de Ohio ya ha manifestado su preocupación por este tipo de medidas en el pasado.
4. HB 554: Ampliando la definición de obstrucción. Este proyecto ampliaría la definición de “obstrucción a la justicia” para incluir el impedimento físico de las labores de un agente de inmigración federal. Actos como bloquear un acceso o intervenir en un arresto podrían convertirse en un delito grave estatal.

La respuesta demócrata y los argumentos en contra: El “Paquete de Salvaguarda”

La oposición demócrata no se ha hecho esperar. Como contraparte, los representantes demócratas presentaron el “Paquete de Salvaguarda”, que busca precisamente lo opuesto:

• Prohibir los arrestos por motivos migratorios en “lugares sensibles” como escuelas, hospitales, iglesias y parques infantiles.
• Requerir la aprobación expresa del gobernador antes de que la Guardia Nacional de Ohio pueda ser desplegada en misiones de aplicación de la ley migratoria federal.

Los críticos del paquete republicano, que incluyen a grupos de derechos civiles y defensores de inmigrantes, argumentan que estas leyes:

• Erosionarían la confianza en la policía local: Las comunidades indocumentadas podrían dejar de reportar crímenes o colaborar como testigos por miedo a ser interrogados sobre su estatus.
• Crearían un riesgo de salud pública: El miedo a encuentros con agentes en hospitales podría disuadir a personas, independientemente de su estatus, de buscar atención médica de emergencia o tratamiento para enfermedades contagiosas.
• Sobrecargarían el sistema judicial y carcelario estatal: Convertir una violación civil federal en un delito estatal felón consumiría recursos de cortes, fiscales y cárceles locales.
• Podrían llevar a perfiles raciales: Otorgar a la policía local la facultad de indagar sobre estatus migratorio podría incentivar detenciones basadas en apariencia étnica.

Este movimiento en Ohio no es un caso único ni el primero en Estados Unidos; Texas y Florida han sido pioneros en leyes similares, muchas de las cuales enfrentan prolongadas batallas legales por posible preeminencia federal.

El representante Williams justifica las medidas señalando la necesidad de “alinear a Ohio con la ley federal” y abordar “costos asociados con la inmigración no autorizada”.

Sin embargo, los oponentes ven esto como una incursión innecesaria y divisiva del estado en un ámbito federal, con consecuencias humanitarias y prácticas profundas.

Lo que viene: Un largo camino legislativo y legal

Ambos paquetes legislativos han sido remitidos a comité para las audiencias. El proceso permitirá el testimonio de expertos, fuerzas del orden, líderes hospitalarios y miembros de la comunidad.

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Dada la sólida mayoría republicana en la legislatura estatal, el “Paquete de Cooperación” podría tener una ruta viable hacia la aprobación.

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Sin embargo, su destino final estará probablemente en los tribunales. Cualquier ley que sea promulgada enfrentará casi con certeza desafíos legales basados en el argumento de que los estados no tienen la autoridad para hacer cumplir la ley de inmigración o crear sus propias categorías de delitos migratorios, un poder reservado constitucionalmente al gobierno federal.