Gobierno de Trump permite acceso al ICE a datos de Medicaid y hospitales enfrentan la decisión si advertir a pacientes inmigrantes ante uso de sus direcciones para deportaciones

ESTADOS UNIDOS — La decisión del Gobierno de Donald Trump de permitir que funcionarios de deportación accedan a datos del programa Medicaid está colocando a hospitales y autoridades estatales en una situación compleja. La medida implica que información personal de pacientes inmigrantes, incluidas direcciones de domicilio, podría utilizarse para ubicarlos en operativos migratorios.

De acuerdo con un reportaje de KFF Health News, hospitales y sistemas de salud deben decidir si advierten a los pacientes que su información podría ser compartida con autoridades federales. Esta decisión puede afectar directamente la disposición de las personas a buscar atención médica de emergencia.

El dilema es doble. De acuerdo con CNN, advertir a los pacientes podría disuadirlos de solicitar cobertura a través de Medicaid de Emergencia, programa que reembolsa a los hospitales los costos de atención médica urgente para personas que no califican para Medicaid regular. Pero no informarles también implica que podrían desconocer que su información puede ser utilizada en procesos migratorios.

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¿Qué es Medicaid de Emergencia y por qué es clave?

El programa Medicaid de Emergencia se creó en la década de 1980 tras una ley federal que obliga a hospitales a atender a cualquier persona con una condición potencialmente mortal. Este esquema permite que hospitales reciban reembolso por servicios urgentes brindados a personas sin cobertura regular, incluidas personas sin estatus migratorio legal.

Solo cubre atención de emergencia y servicios relacionados con el embarazo y parto. En 2023, el gasto federal en este programa alcanzó casi 4 mil millones de dólares, equivalente a alrededor del 0.4 % del gasto total en Medicaid.

Hospitales suelen ayudar a pacientes a solicitar este apoyo mientras aún están en la instalación médica. Sin embargo, expertos advierten que la inscripción en este programa puede convertirse en una vía para que autoridades migratorias identifiquen a personas sin estatus legal.

Cambio de política tras regreso de Trump a la Casa Blanca

Durante más de una década, hospitales y estados aseguraron a los pacientes que su información no sería compartida con autoridades migratorias. Un memorando de ICE de 2013 garantizaba que datos de solicitudes de cobertura médica no se usarían para acciones de cumplimiento migratorio.

La situación cambió tras el regreso de Trump al poder. Su administración ordenó canalizar datos de varias agencias federales al Departamento de Seguridad Nacional, incluidos registros fiscales y, posteriormente, información de Medicaid.

En la primavera pasada, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aceptaron dar acceso directo a una base de datos que incluye direcciones y estatus de ciudadanía de beneficiarios. Un juez federal dictaminó en diciembre que en 22 estados que demandaron el acuerdo, ICE solo puede acceder a información de personas sin presencia legal en el país y sin detalles médicos.

En los otros 28 estados, funcionarios de deportación pueden acceder a la información personal de todos los inscritos en Medicaid.

Hospitales no están advirtiendo directamente a pacientes

KFF Health News consultó a hospitales en zonas donde se han realizado redadas de ICE. La mayoría evitó comentar si han cambiado sus políticas de información. Ninguno de los que respondió dijo advertir directamente a los pacientes sobre el posible uso de sus datos por el ICE.

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Aimee Jordon, portavoz de un sistema hospitalario en Minneapolis, señaló:“No proporcionamos asesoramiento legal sobre el intercambio de datos del gobierno federal entre agencias. Animamos a los pacientes a buscar orientación en recursos estatales apropiados y abogados calificados”.

Al mismo tiempo, formularios de solicitud en algunos estados seguían asegurando confidencialidad. En California, el programa Medi-Cal aún indicaba que la información migratoria es “confidencial” y solo se usa para determinar elegibilidad. En Utah, ese lenguaje fue eliminado tras cuestionamientos.

Expertos advierten impacto en atención médica y partos

Especialistas en políticas de salud advierten que la medida puede provocar que personas eviten acudir al hospital, incluso en emergencias.

Leonardo Cuello, investigador de la Universidad de Georgetown, explicó:“Si los hospitales le dicen a las personas que su información de Medicaid de Emergencia será compartida con ICE, es previsible que muchos inmigrantes dejarían de recibir tratamiento. La mitad de los casos son para el parto de bebés ciudadanos estadounidenses”.

La abogada Sarah Grusin, del National Health Law Program, consideró que los hospitales deben ser transparentes:“Deben decirles a las personas que el juez ha permitido el intercambio de información, incluido su domicilio. Una vez que se envía esta información, no se puede proteger”.

Otra experta, Bethany Pray, advirtió:“La gente no debería tener que elegir entre dar a luz en un hospital y preguntarse si eso significa riesgo de deportación”.

Demandas estatales y dudas sobre cumplimiento judicial

Veintidós estados, en su mayoría gobernados por demócratas, demandaron al gobierno federal para frenar el acuerdo de intercambio de datos. El fallo judicial limitó el tipo de información que puede compartirse en esos territorios, pero expertos cuestionan si el gobierno puede separar adecuadamente los datos de ciudadanos, residentes legales y personas sin estatus migratorio.

El Departamento de Salud federal confirmó que está compartiendo datos con ICE conforme a la decisión judicial, pero no detalló cómo garantiza que solo se transfiera la información permitida.

Impacto en familias inmigrantes y sistema de salud

El acceso a datos de Medicaid ocurre en un contexto de operativos migratorios más agresivos. Una encuesta de KFF y The New York Times señaló que uno de cada tres inmigrantes adultos reportó haber pospuesto o evitado atención médica el último año por temor.

Expertos recomiendan a las familias informarse y evaluar riesgos y necesidades médicas. La situación, señalan, obliga a tomar decisiones complejas sobre salud, privacidad y seguridad.

El debate continúa entre hospitales, autoridades estatales y defensores de derechos de los pacientes. La medida plantea preguntas sobre protección de datos, acceso a servicios médicos y el equilibrio entre política migratoria y atención de salud.

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