Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, tiene en la mira la aplicación del modelo penitenciario de El Salvador y contará con el respaldo de Bukele
Laura Fernández anuncia cooperación con Nayib Bukele para combatir el narcotráfico en Costa Rica, plantea cárcel de alta seguridad, contexto de violencia creciente, apoyo ciudadano y advertencias por derechos humanos
COSTA RICA — La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que contará con el respaldo del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para llevar adelante su estrategia de combate al narcotráfico, una prioridad que marcó la campaña y fue determinante en su victoria electoral.La información fue difundida por AFP y confirmada por la propia Fernández en rueda de prensa.
Desde el primer contacto tras su victoria en primera vuelta, Fernández dejó claro que la seguridad pública será el eje central de su gobierno, en un país que enfrenta un repunte sostenido de la violencia vinculada al crimen organizado.
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El respaldo de Nayib Bukele y el modelo penitenciario
Tras la jornada electoral, Nayib Bukele sostuvo una conversación directa con Laura Fernández, en la que reiteró su disposición a asesorar y cooperar con Costa Rica en proyectos de seguridad.
“Una vez más reitera su compromiso de seguir colaborándonos y cooperando para que el país lleve ese proyecto (de la cárcel) y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto”, declaró la futura mandataria.
Bukele ya asesora al actual gobierno de Rodrigo Chaves en la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión salvadoreña para pandilleros, considerada una pieza central de su estrategia contra las maras.
La cárcel como eje para aislar al crimen organizado
Fernández subrayó que el objetivo del proyecto penitenciario es romper la operación del crimen desde prisión, al limitar la comunicación de las organizaciones criminales con el exterior.
“Hay que cortar la conexión del crimen organizado con el mundo exterior, por lo cual esa cárcel tiene que ser una realidad”, afirmó.
La presidenta electa, quien fue exministra del gobierno de Chaves, sostiene que el modelo salvadoreño ofrece lecciones prácticas para contener estructuras criminales que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Resultados en El Salvador y cuestionamientos internacionales
La ofensiva impulsada por Bukele logró reducir la violencia a mínimos históricos en El Salvador, un dato que Fernández destaca como referencia para Costa Rica.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales han advertido que estas políticas también han derivado en violaciones a derechos humanos, un punto que mantiene el debate abierto sobre los límites y riesgos de replicar el modelo.
Costa Rica, de país seguro a centro logístico del narcotráfico
Durante décadas, Costa Rica fue considerada uno de los países más seguros de América Latina, pero esa percepción cambió de forma acelerada.
De acuerdo con Organismo de Investigación Judicial, el país pasó de ser territorio de tránsito a un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Michael Soto, director del OIJ, explicó que esta transformación elevó los niveles de violencia y presión sobre las instituciones de seguridad.
La seguridad como mandato ciudadano
El deterioro de la seguridad se reflejó en los datos oficiales. Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, la tasa de homicidios alcanzó un máximo histórico de 17 por cada 100,000 habitantes, una cifra sin precedentes para el país.
Este contexto convirtió a la seguridad en la principal preocupación de los costarricenses, quienes otorgaron a Fernández un amplio respaldo electoral y una mayoría legislativa que facilitaría impulsar reformas.
“El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia”, sostuvo Fernández.
Un debate que marcará el próximo gobierno
La apuesta por una cooperación directa con Nayib Bukele y por una cárcel de alta seguridad coloca a Costa Rica ante un debate clave: cómo frenar el avance del narcotráfico sin comprometer derechos y garantías.
La estrategia, respaldada por el voto ciudadano, marcará uno de los primeros grandes desafíos del próximo gobierno y definirá el rumbo de la política de seguridad en los próximos años.
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