El gobierno iraní extiende su campaña de arrestos a médicos y abogados tras su papel clave durante las protestas; se reportan más de 6,300 manifestantes fallecidos y miles de heridos

Las autoridades de Irán han extendido su campaña de represión más allá de los manifestantes callejeros.

De acuerdo con IranWire y la agencia HRANA, el foco se dirige ahora contra profesionales que cumplieron su deber durante las protestas: médicos que atendieron a heridos y abogados que ofrecieron defensa legal a detenidos.

El Consejo Médico de la República Islámica de Irán (IRIMC) confirmó este viernes 30 de enero la detención de varios doctores, mientras que abogados reportan arrestos, impedimentos para ejercer la defensa y fianzas exorbitantes. Este giro marca una intensificación de la presión estatal sobre pilares civiles clave.

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¿Qué confirmó el Consejo Médico y por qué es relevante?

Mohammad Mirkhani, vicepresidente del Consejo Médico, declaró que varios doctores fueron detenidos durante las protestas de enero.

Reconoció que no hay un conteo oficial, ya que la información llega por canales informales:

La mayoría de esta información viene de conversaciones con colegas... y luego estamos obligados a verificar estos reportes”.

La importancia de este anuncio radica en que el Consejo, aunque bajo supervisión estatal, es el organismo rector de la profesión médica. Su confirmación pública sugiere que las detenciones son numerosas y ya no pueden ignorarse internamente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que al menos cinco médicos fueron detenidos y unos 50 trabajadores de salud resultaron heridos en los disturbios.

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¿Qué está pasando con los abogados defensores?

La presión sobre el gremio legal es paralela. Saeed Bagheri, vicepresidente del Colegio de Abogados Central, admitió que se “escuchó que varios colegas” fueron detenidos, pero no hay cifras o cargos claros.

El periódico Shargh reportó al menos nueve arrestos.

Abogadas en ejercicio detallaron a Etemad los obstáculos que enfrentan: Zahra Minouei, que lleva 17 casos, dijo que los cargos comunes son “alterar el orden público” y “conspiración contra la seguridad”. Reportó fianzas altísimas y sentencias de prisión de hasta cinco años.

Maryam Kian-Arthi explicó que, en la fase de investigación, solo pueden representar a los detenidos los abogados aprobados por el poder judicial, cuyos honorarios son inalcanzables para muchas familias.

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¿Cómo justifican las autoridades estas acciones?

Las narrativas oficiales minimizan o contradicen los reportes de campo. El presidente del Consejo Médico, Mohammad Raeiszadeh, afirmó que médicos con “asuntos judiciales” no fueron detenidos por brindar tratamiento y que no hay sentencias firmes en su contra.

El ministro de Salud emitió un mensaje genérico sobre el deber de atender a todos los pacientes.

En contraste, reportes específicos citan a médicos detenidos tras atender heridos, como la Dra. Ameneh Soleimani en Ardabil o el Dr. Babak Pouramin en Neyshabur, quienes se enfrentaron a fuerzas de seguridad después de brindar atención médica a protestantes heridos.

El grupo “Médicos y la Ley” advirtió que la “criminalización del tratamiento médico” podría llevar a una “intimidación judicial” que degrade la atención en crisis y vulnere el derecho a la salud.

¿Qué contexto más amplio rodea estas detenciones?

Las protestas, impulsadas inicialmente por agravios económicos, representan uno de los desafíos más graves al sistema en décadas.

La represión ha sido extensa. Cifras agregadas hasta el día 35 de protestas, citadas en el reporte, hablan de más de 6,300 manifestantes fallecidos y miles de heridos y arrestos.

La presión ahora se canaliza hacia quienes auxiliaron a las víctimas de la represión, buscando posiblemente disuadir el apoyo profesional futuro y controlar la narrativa.

Incluso gremios como la Asociación Sindical de Maestros emitieron un comunicado condenando la represión y declarando su apoyo a las demandas populares, lo que indica el malestar en sectores profesionales organizados.

¿Cuáles son las implicaciones legales y prácticas?

Para la ciudadanía iraní, estas acciones tienen consecuencias directas:

1. Derecho a la defensa legal se erosiona: Si los abogados son arrestados o se les impide representar a clientes, los detenidos quedan en mayor vulnerabilidad.
2. Derecho a la salud se pone en riesgo: Si los médicos temen ser detenidos por atender heridos de bala o por protestas, las personas podrían evitar buscar atención crítica.
3. Se socavan instituciones profesionales: Los colegios médicos y de abogados, como canales de autorregulación y defensa gremial, ven su autoridad y capacidad de acción limitadas por el estado.

La represión en Irán ha entrado en una fase donde el castigo no solo busca disuadir la protesta en las calles, sino también neutralizar las redes de solidaridad profesional que surgen para mitigar sus consecuencias.

La confirmación del Consejo Médico y los testimonios de los abogados son indicios claros de que esta estrategia está en marcha.

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