Panamá declara inconstitucional la concesión de puertos clave del Canal operados por una empresa hongkonesa, frena una operación ligada a BlackRock y reaviva la tensión entre Estados Unidos y China por una vía estratégica del comercio mundial
La Corte Suprema de Justicia anuló el contrato de Panama Ports Company por irregularidades legales y contractuales, una decisión que impacta la gestión portuaria, la relación con China y el equilibrio geopolítico en torno al Canal de Panamá
PANAMÁ. — La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los extremos del Canal de Panamá. La decisión judicial invalida tanto la ley original de 1997 como sus adendas y la prórroga automática otorgada en 2021, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por el máximo tribunal panameño.
La resolución se produce en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, al involucrar infraestructura estratégica para el comercio global y a actores clave como China, Estados Unidos y grandes fondos de inversión internacionales, entre ellos BlackRock, cuyo ingreso a la operación portuaria estaba previsto mediante una transacción global anunciada previamente.
Qué resolvió la Corte Suprema de Justicia de Panamá
En un comunicado institucional, el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia informó que, tras una deliberación extensa, determinó que el marco legal que sustentaba la concesión contravenía la Constitución panameña. El fallo responde a dos demandas presentadas por la Contraloría General de la República, encabezada por Anel Flores, quien solicitó tanto la nulidad como la declaración de inconstitucionalidad del contrato.
La Contraloría basó su acción en una auditoría oficial entregada en abril, la cual detectó irregularidades administrativas, financieras y contractuales que, según el órgano fiscalizador, resultaban lesivas para los intereses del Estado panameño.
Qué irregularidades detectó la auditoría oficial
De acuerdo con los hallazgos presentados por la Contraloría y retomados en el proceso judicial, la auditoría documentó:
- Pagos no realizados o inconsistentes por parte del concesionario
- Condiciones contractuales desfavorables para el Estado
- Operaciones portuarias sin respaldo contractual claro
- Una prórroga automática otorgada en 2021 sin cumplir plenamente los controles legales
El contralor Anel Flores calificó públicamente el contrato como “leonino y abusivo”, al considerar que limitaba la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre activos estratégicos.
Qué puertos están involucrados y por qué son estratégicos
La concesión anulada corresponde a los puertos de:
- Balboa, en el litoral del Pacífico
- Cristóbal, en el litoral del Atlántico
Ambas terminales rodean el Canal de Panamá y cumplen un papel clave en la logística marítima internacional. El Canal concentra entre 3 % y 6 % del comercio mundial, con Estados Unidos como su principal usuario, lo que convierte cualquier decisión sobre su entorno operativo en un asunto de interés global.
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Reacción de CK Hutchison y postura de China
Tras conocerse el fallo, CK Hutchison expresó su desacuerdo con la resolución y sostuvo que la decisión carece de sustento legal, al considerar que la concesión fue aprobada conforme al marco normativo vigente en su momento. La empresa informó que se reserva el derecho de recurrir a instancias judiciales nacionales e internacionales.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China reaccionó a través de su vocero oficial, quien afirmó que el Gobierno chino “adoptará todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas, sin emitir juicios directos sobre el sistema judicial panameño. Esta postura fue confirmada en conferencias de prensa oficiales del gobierno chino y recogida por medios internacionales.
El papel de Estados Unidos y la operación con BlackRock
La anulación del contrato también afecta una operación global de venta de más de 40 puertos, valuada en aproximadamente 23 mil millones de dólares, en la que un consorcio liderado por BlackRock estaba llamado a asumir activos estratégicos, incluidos los puertos panameños.
En el pasado, el presidente estadounidense Donald Trump interpretó esta operación como una reducción de la influencia china en el entorno del Canal, al que calificó como un punto crítico para la seguridad y el comercio de Estados Unidos. Bajo ese argumento, Trump llegó a advertir sobre la necesidad de “recuperar” el control estratégico de la vía, declaraciones que Panamá rechazó de forma reiterada.
La posición oficial del Gobierno panameño
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha reiterado que la decisión judicial no pone en discusión la soberanía del Canal, la cual, subrayó, “es y seguirá siendo panameña”. El Gobierno aclaró que el fallo se limita a la relación contractual con un operador portuario y no afecta la administración ni la operación del Canal, que sigue bajo control del Estado a través de la Autoridad del Canal de Panamá.
Las autoridades también han señalado que los puertos continuarán operando mientras se define un nuevo esquema legal, ya sea mediante una licitación internacional o un modelo transitorio de administración.
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Qué implica este fallo en el tablero geopolítico
La resolución de la Corte panameña se inserta en una disputa geopolítica más amplia entre China y Estados Unidos por el control, influencia y acceso a infraestructura crítica a nivel global. El caso del Canal de Panamá se suma a otros escenarios donde puertos, telecomunicaciones y energía se han convertido en puntos de fricción entre ambas potencias.
Para Panamá, el desafío será redefinir la gestión de activos estratégicos sin comprometer su soberanía, mantener la confianza de inversionistas internacionales y evitar que el país se convierta en un escenario directo de confrontación entre potencias.
Canal de Panamá, puertos y soberanía en el centro del debate internacional
La anulación de la concesión a Panama Ports Company marca un punto de inflexión en la política portuaria panameña y reabre el debate sobre cómo los Estados gestionan la presencia de capital extranjero en sectores estratégicos. Más allá del conflicto empresarial, el fallo refuerza el papel del poder judicial como árbitro en decisiones que trascienden lo económico y alcanzan el plano geopolítico.
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