ICE es acusado de incumplir casi 100 órdenes judiciales en Minnesota: juez advirtió posible desacato y riesgo al Estado de derecho
Un juez federal documentó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desobedeció 96 órdenes judiciales en al menos 74 casos desde enero, durante operativos migratorios en Minnesota, y advirtió que la agencia podría enfrentar un proceso por desacato.
Un juez federal en Minnesota lanzó una de las advertencias más severas hasta ahora contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al señalar que la agencia ha incumplido de forma reiterada órdenes judiciales en decenas de casos relacionados con operativos migratorios recientes.
La acusación no proviene de autoridades locales ni de figuras políticas opositoras al presidente Donald Trump, sino de un juez con trayectoria conservadora que ha puesto el foco en el respeto al Estado de derecho.
La declaración fue hecha por Patrick Schiltz, juez principal del Tribunal Federal de Distrito en Minnesota, quien documentó que desde el 1 de enero el gobierno federal ha ignorado casi 100 órdenes judiciales en al menos 74 casos vinculados con personas detenidas durante la llamada Operación Metro Surge.
La información fue expuesta en documentos judiciales y retomada por medios estadounidenses, así como por declaraciones oficiales del propio tribunal.
“El ICE no es una ley en sí misma”, advierte el juez
En su pronunciamiento, Schiltz fue directo al señalar que ninguna agencia federal está por encima de los tribunales.
El ICE no es una ley en sí misma”, escribió el juez al referirse al patrón de incumplimiento detectado tras consultar con otros magistrados del distrito.
El juez aclaró que el número de órdenes judiciales desobedecidas podría ser mayor, al considerar que los casos documentados “casi con certeza” están subestimados.
Las órdenes estaban relacionadas con solicitudes de liberación, suspensiones de deportación u otros recursos legales promovidos por personas detenidas.
Esta lista debería hacer reflexionar a cualquiera —sin importar sus creencias políticas— que se preocupe por el Estado de derecho”, subrayó Schiltz, quien recordó que el gobierno puede impugnar decisiones judiciales, pero está obligado a cumplirlas mientras sigan vigentes.
Qué es la Operación Metro Surge y por qué está bajo escrutinio
La Operación Metro Surge forma parte del reforzamiento de la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.
En el marco de estos operativos, agentes federales han realizado redadas en zonas urbanas de Minnesota, particularmente en el área de Minneapolis.
Aunque el juez Schiltz no abordó directamente las tácticas operativas, el contexto de los casos incluye denuncias por uso excesivo de la fuerza, allanamientos en domicilios, detenciones en la vía pública y enfrentamientos con manifestantes.
En hechos recientes, dos ciudadanos estadounidenses murieron durante operativos en Minneapolis, lo que incrementó la atención pública y judicial sobre las acciones del ICE.
Respuesta del gobierno federal y la Casa Blanca
Las declaraciones del juez provocaron una reacción inmediata del gobierno federal. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), descalificó el pronunciamiento judicial y lo calificó como una “diatriba de este juez activista”.
No nos dejaremos disuadir por activistas, ya sea en las calles o en el estrado”, señaló en un comunicado oficial.
Por su parte, Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca y uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, criticó al juez en redes sociales y afirmó que existe un “sabotaje judicial de la democracia”.
Otros jueces también han cuestionado el actuar de las autoridades migratorias
El caso de Schiltz no es aislado. En Minnesota, la jueza federal Kate Menendez ordenó previamente a los agentes migratorios abstenerse de usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, aunque esa medida fue suspendida temporalmente tras una apelación.
En noviembre, un juez federal en Chicago impuso límites al uso de la fuerza por parte de agentes fronterizos y concluyó que un comandante de la Patrulla Fronteriza mintió sobre las amenazas enfrentadas durante un operativo.
Si bien un tribunal de apelaciones suspendió esa orden y el caso fue posteriormente desestimado, los señalamientos reforzaron el debate sobre el control judicial de las agencias federales.
Quién es Patrick Schiltz y por qué su postura tiene peso
Patrick Schiltz, de 65 años, ha sido juez federal durante aproximadamente dos décadas. Fue nominado por el presidente republicano George W. Bush y trabajó como asistente jurídico del juez Antonin Scalia, una de las figuras más influyentes del ala conservadora de la Corte Suprema.
Antes de llegar al tribunal, ejerció como abogado y profesor de derecho. Para especialistas en la materia, su perfil refuerza la relevancia de sus señalamientos.
Posible desacato y presión directa al ICE
Ante el incumplimiento reiterado, Schiltz tomó una medida poco común al ordenar que el director interino del ICE, Todd Lyons, compareciera ante el tribunal para explicar por qué la agencia no debía ser considerada en desacato.
La audiencia fue cancelada posteriormente, luego de que la persona involucrada en ese caso específico fuera liberada.
El juez también reconoció públicamente que ha realizado donaciones a organizaciones legales como el Immigrant Law Center of Minnesota y Mid-Minnesota Legal Aid, las cuales brindan asesoría jurídica gratuita.
Schiltz explicó que su postura responde a la convicción de que las personas de bajos recursos deben tener acceso a representación legal, y no a una afiliación política.
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Un debate que reaviva la discusión sobre el Estado de derecho
El enfrentamiento entre el poder judicial y el gobierno federal en Minnesota vuelve a colocar en el centro del debate el alcance de las políticas migratorias y los límites legales de su aplicación.
Más allá de la confrontación política, el caso plantea una pregunta clave para el lector: qué ocurre cuando una agencia federal ignora de forma sistemática las órdenes de un tribunal.
Por ahora, la respuesta se sigue construyendo en los juzgados, donde el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas permanecen bajo una observación cada vez más estricta.
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