Mientras Estados Unidos presenta un aumento drástico en deportaciones, el gobierno de España anuncia una regularización masiva para más de medio millón de migrantes en situación irregular

En un contexto global donde las políticas migratorias restrictivas ganan terreno, España toma un camino distinto.

El gobierno español ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de migrantes. La medida, calificada como “histórica” por las autoridades, beneficiaría a alrededor de medio millón de personas que actualmente viven en el país sin papeles.

Este proceso busca atender una realidad social urgente y, al mismo tiempo, cubrir un déficit estructural de mano de obra que afecta a la economía nacional.

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¿En qué consiste exactamente la regularización?

De acuerdo con CNN y BBC, es un procedimiento administrativo que concederá una autorización de residencia y trabajo temporal a personas en situación irregular.

El decreto establece que podrán solicitarlo quienes acrediten haber estado en España, o haber solicitado protección internacional, antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, deben demostrar una estancia mínima de cinco meses en el país hasta fines de ese mismo año.

¿Quiénes pueden aplicar y cómo prueban su estancia?

Pueden aplicar personas en situación administrativa irregular o solicitantes de asilo.

Para probar la estancia, se aceptará “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”, lo cual incluye:

• Registros de empadronamiento
• Contratos de alquiler
• Informes médicos
• Certificados de asistencia a servicios sociales
• Comprobantes de envío de remesas

Aunque re requiere no tener antecedentes penales.

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¿Cuáles son los plazos y los beneficios inmediatos?

El plazo para presentar solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. La resolución final tomará hasta tres meses.

Sin embargo, hay un beneficio clave: con la mera admisión a trámite, que se resolverá en un máximo de 15 días, los solicitantes podrán empezar a trabajar legalmente “desde el primer día en cualquier sector”.

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La autorización de residencia tendrá una vigencia inicial de un año e incluye un permiso de trabajo.

¿Por qué España implementa esta medida ahora?

Existen dos motivos principales, uno social y otro económico. Por un lado, se busca “dignificar” la vida de cientos de miles de personas, integrarlas plenamente en la sociedad y darles acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria.

Por otro lado, organismos como la ONU y el Banco de España han señalado que el país necesita alrededor de 300,000 trabajadores migrantes al año “para sostener el estado del bienestar”. La regularización es una respuesta a esta necesidad de mano de obra.

¿Cuál es el panorama real de la migración irregular en España?

Según estimaciones del centro de análisis Funcas, la cifra de personas extranjeras en situación irregular a inicios de 2025 era de aproximadamente 840,000.

De este total, la gran mayoría, unos 760,000, proceden de América. Los países con mayor número son

• Colombia (cerca de 290,000)
• Perú (casi 110,000)
• Honduras (alrededor de 90,000)

¿Ha hecho España regularizaciones similares antes?

Sí. Esta no es la primera regularización extraordinaria. Ocurrió en al menos seis ocasiones anteriores desde los años 80.

Las más recientes y amplias fueron en 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con más de 576,000 solicitudes atendidas, y entre 1996 y 2001, con José María Aznar, donde se regularizó a más de 524,000 personas.

¿Qué dicen los distintos sectores de la sociedad?

La medida cuenta con un apoyo amplio, aunque no unánime.

• A favor: La iniciativa surge de una propuesta respaldada por más de 600,000 firmas y ha recibido el apoyo de un espectro diverso que incluye a la Conferencia Episcopal, colectivos empresariales, asociaciones sociales y el partido Podemos, socio de gobierno. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, la calificó como “una buena noticia” que reconoce la dignidad de los migrantes.
• En contra: Los principales partidos de oposición, el Partido Popular (PP) y Vox, rechazan la medida. El PP argumenta que las “regularizaciones masivas son ilegales” y que debería hacerse “persona a persona”. Vox anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, tachándolo de “locura” y de “fomentar el efecto llamada”.

Contexto internacional: Un contraste marcado con otras políticas

Mientras España avanza en esta regularización, la retórica y las acciones antinmigración se intensifican en otros países.

En la Unión Europea, se han habilitado “centros de retorno” en terceros países.

En Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, los datos de la Universidad de California Berkeley muestran un aumento drástico en las deportaciones y detenciones, con un incremento particular en arrestos de personas sin condenas penales. CBS News reportó que actualmente la agencia de inmigración (ICE) retiene a 73 mil personas para deportar.

Este contraste subraya la divergencia en los enfoques migratorios a ambos lados del Atlántico. La medida española se posiciona, así, como una apuesta por la integración y la respuesta a necesidades económicas estructurales.

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