Tras el envío de narcos a Estados Unidos, abogados y familiares acusaron al gobierno de México de trasladarlos sin extradición y denuncian violaciones al debido proceso

WASHINGTON, D.C.- — Un grupo de abogados y familiares de personas vinculadas con cárteles acusó al gobierno de México de violar la ley al enviar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin una orden formal de extradición.

La denuncia pública se realizó este lunes, en medio de un debate que ha escalado tras una serie de traslados recientes de alto impacto.

De acuerdo con información publicada por El Universal, los señalamientos surgieron menos de una semana después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum transfiriera a 37 detenidos a territorio estadounidense.

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Las autoridades mexicanas han defendido estas acciones como legales y justificadas por motivos de seguridad nacional, mientras que Washington afirma que los enviados eran requeridos por delitos cometidos en Estados Unidos, algunos con solicitudes de extradición pendientes.

¿Qué está denunciando el grupo de abogados?

Durante una conferencia de prensa, abogados que representan a presuntos integrantes de cárteles afirmaron que sus clientes fueron enviados a Estados Unidos sin que mediara un proceso formal de extradición, el cual normalmente implica revisiones judiciales, recursos legales y la posibilidad de amparos.

Aseguraron que esta vía les negó el debido proceso y dejó a las personas trasladadas sin herramientas legales en México para impugnar su envío, ahora que ya se encuentran fuera del país.

Esto nos obliga a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”, declaró Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos de los trasladados.

¿Cuántas personas han sido enviadas a Estados Unidos?

Según los datos citados por El Universal:

• 92 detenidos vinculados con el crimen organizado han sido enviados a Estados Unidos.
• Los traslados se realizaron en tres entregas desde febrero pasado.
• El más reciente incluyó a 37 personas.

Estos movimientos forman parte de una estrategia más amplia del gobierno de Sheinbaum para endurecer su postura contra los cárteles y mantener una relación de cooperación con el gobierno de Donald Trump.

¿Por qué este tema se volvió tan sensible ahora?

Los traslados ocurrieron en un contexto de creciente presión política desde Estados Unidos. Analistas han interpretado los envíos recientes como un gesto de cooperación frente a las amenazas del presidente Donald Trump de tomar acciones más agresivas contra los cárteles.

Esto colocó las entregas en el centro de un debate legal y diplomático, donde se cruzan:

• La seguridad nacional,
• La cooperación bilateral,
• Y el respeto al debido proceso.

¿A quiénes representan los abogados que hicieron la denuncia?

Entre los casos expuestos se encuentran:

• Itiel Palacios García, presunto miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación, enviado a Estados Unidos en febrero.
• Pablo Edwin Huerta Nuño, señalado como integrante de la cúpula del cártel de los Arellano Félix, trasladado en agosto.

Ambos son defendidos por Yarey Sánchez Lagunas, quien afirmó que sus clientes fueron enviados sin una orden de extradición.

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¿Qué denuncia presentó la pareja de un detenido?

Vanesa Guzmán, pareja de un presunto líder regional de Los Zetas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

En ella acusó a altos funcionarios de seguridad, entre ellos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de “traición a la patria”, por el traslado de su pareja, Juan Pedro Saldívar Farías, enviado a Estados Unidos la semana pasada, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas.

“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, afirmó Guzmán.“Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”.

Los abogados señalaron que ahora que sus clientes están fuera del país, no cuentan con mecanismos legales en México para impugnar los traslados.

¿Cuál es la postura del gobierno de México y de Estados Unidos?

El gobierno mexicano sostiene que las entregas fueron:

• Legales,
• Realizadas por razones de seguridad nacional,
• Y enmarcadas en acuerdos de cooperación.

Por su parte, Washington ha declarado que las personas enviadas:

• Eran buscadas por delitos en Estados Unidos,
• Y que varias tenían peticiones de extradición activas, aunque no concluidas.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han detallado públicamente el mecanismo jurídico específico usado en cada traslado.

¿Qué dijo un exalto mando de la DEA?

El debate fue respondido por Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, quien minimizó las quejas legales y respaldó la decisión del gobierno mexicano.

Vigil sostuvo que la Constitución mexicana faculta al presidente para tomar medidas extraordinarias en materia de seguridad nacional y elogió que se haya “acelerado” un proceso que suele prolongarse durante años por recursos legales.

También rechazó el argumento de que los detenidos ya no representaban un riesgo por estar presos en México.

Si permanecen en prisiones allí… por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales, tienen acceso a través de teléfonos”, afirmó.“Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia”.

¿Qué está en juego en este debate?

El caso coloca sobre la mesa varios temas de fondo:

• Hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en nombre de la seguridad nacional.
• Qué garantías deben mantenerse incluso frente a delitos graves.
• Cómo se equilibra la cooperación con EEUU con el marco legal mexicano.

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Para las familias y defensores, se trata de un quiebre del debido proceso. Para sectores de seguridad, es una herramienta para impedir que líderes criminales sigan operando desde prisión.

¿Qué podría pasar ahora?

La denuncia presentada ante la FGR abre la puerta a:

• Revisiones internas sobre los traslados.
• Pronunciamientos formales del gobierno mexicano.
• Posibles discusiones en tribunales sobre el alcance legal de estas entregas.

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Mientras tanto, los traslados ya realizados mantienen a México en el centro de una discusión que mezcla seguridad, derecho y política exterior.