Giro histórico en Venezuela: El Parlamento aprueba reforma que elimina el control de PDVSA sobre el petróleo y permite la inversión privada total tras la presión de Donald Trump y la caída de Nicolás Maduro este enero de 2026

VENEZUELA — En un movimiento que redefine el tablero energético global, Venezuela ha comenzado a desmantelar formalmente el andamiaje legal que sostuvo el nacionalismo petrolero durante más de dos décadas. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma profunda a la Ley de Hidrocarburos, una iniciativa que rompe con los pilares fundamentales del modelo instaurado por Hugo Chávez. Esta reforma no solo representa un cambio técnico, sino un giro geopolítico total, ocurriendo menos de tres semanas después de la salida del poder de Nicolás Maduro y bajo una evidente coordinación con la administración de Donald Trump en Washington, según información de Infobae.

El texto, impulsado por Delcy Rodríguez, elimina la obligatoriedad de que el Estado, a través de PDVSA, mantenga la mayoría accionaria en los proyectos de exploración y producción. Bajo el nuevo esquema, las empresas privadas, locales y extranjeras, podrán operar campos petroleros por cuenta propia y, por primera vez en años, tendrán el derecho de comercializar directamente el crudo, recibiendo los ingresos sin que pasen necesariamente por las cuentas de la estatal venezolana. El titular del Legislativo, Jorge Rodríguez, fue enfático al defender la medida: “El petróleo debajo de la tierra no sirve de nada”, señaló, reconociendo el estado crítico de una industria devastada por la desinversión.

Principales cambios introducidos en la nueva Ley de Hidrocarburos:

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• Autonomía Privada: Las compañías ya no están forzadas a ser socios minoritarios de PDVSA; pueden gestionar proyectos de forma independiente.
• Flexibilidad Fiscal: Las regalías podrán reducirse del 33% vigente hasta un 15% en proyectos de alta complejidad técnica o campos maduros.
• Arbitraje Internacional: Se incorporan mecanismos de resolución de disputas fuera de la jurisdicción venezolana, una demanda histórica para garantizar la seguridad jurídica de los inversores.
• Comercialización Directa: Los privados podrán exportar y vender el crudo directamente, agilizando el flujo de caja y evitando los cuellos de botella burocráticos de la estatal.

Este cambio legislativo es la respuesta directa a la necesidad de estabilizar una economía marcada por la inflación y el aislamiento. Expertos señalan que la aplicación de esta ley podría entrar en conflicto con la Constitución de 1999, que reserva al Estado las actividades primarias del sector; sin embargo, el pragmatismo del nuevo régimen parece priorizar el ingreso sostenido de divisas. Recientemente, el gobierno destinó 300 millones de dólares provenientes de ventas de crudo intermediadas por Estados Unidos para apuntalar el bolívar, evidenciando la dependencia inmediata de la relación con Washington.

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La llegada de Laura F. Dogu como jefa de misión estadounidense subraya este acercamiento. El propio Donald Trump ha confirmado que los acuerdos energéticos otorgan a Washington un rol central en la reconstrucción del país. Para los mercados internacionales, la señal es clara: Venezuela busca recuperar su estatus como potencia energética cediendo el control operativo a quienes poseen el capital y la tecnología. El éxito de esta transición dependerá de la aprobación definitiva en segunda discusión y de la capacidad del nuevo marco para ofrecer garantías reales a un sector que, durante años, fue víctima de expropiaciones. En este inicio de 2026, el petróleo venezolano deja de ser una herramienta de confrontación ideológica para convertirse en la moneda de cambio de una nueva era política.