Denuncian que ICE autorizó allanamientos en casas sin orden judicial para arrestos migratorios

ESTADOS UNIDOS.- Una denuncia presentada por informantes del propio gobierno de Estados Unidos reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió en 2025 una directiva interna que permite a sus agentes ingresar a domicilios sin una orden judicial firmada por un juez para detener a personas con orden final de deportación.

La información fue difundida este miércoles por The Associated Press y confirmada en declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó CBS.

El documento, firmado en mayo por el entonces director interino del ICE, Todd Lyons, marca un giro frente a una política de larga data, que prohibía expresamente los ingresos forzados a viviendas sin autorización judicial, incluso en casos migratorios.

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¿Qué cambió en las reglas del ICE?

De acuerdo con el memorando revelado por los denunciantes, ICE ahora permite que sus agentes utilicen órdenes administrativas de inmigración —documentos internos firmados por funcionarios de la agencia y no por jueces— para ingresar a domicilios y ejecutar arrestos.

El texto señala que, tras una revisión legal interna, la Oficina del Asesor General del DHS concluyó que la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones vigentes “no prohíben” recurrir a estas órdenes administrativas para ingresar a residencias cuando existe una orden final de deportación.

“Si bien históricamente el DHS no ha recurrido únicamente a órdenes administrativas para arrestar a extranjeros en su lugar de residencia, se ha determinado recientemente que no existe prohibición legal para este propósito”, indica el memorando firmado por Lyons.

¿Pueden usar la fuerza los agentes?

Sí. El documento autoriza expresamente a los agentes de ICE a utilizar “la cantidad de fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia” si las personas objetivo no permiten el acceso.

No obstante, la directiva establece algunas condiciones operativas:

• Los agentes deben tocar la puerta e identificarse antes de cualquier ingreso forzado.
• Los operativos deben realizarse entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.
• La medida aplica únicamente para personas con orden final de deportación emitida por un juez o tribunal migratorio.

¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos?

Consultada por The Associated Press, la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la legalidad de la nueva directiva.

“Las personas sujetas a estas acciones ya recibieron el debido proceso completo y cuentan con una orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración”, afirmó.

McLaughlin agregó que los agentes que emiten las órdenes administrativas “han determinado causa probable” y sostuvo que, durante décadas, la Corte Suprema y el Congreso han reconocido el uso de órdenes administrativas en la aplicación de leyes migratorias.

¿Por qué genera polémica esta medida?

Organizaciones legales y de derechos civiles advierten que la directiva podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas contra registros e incautaciones sin orden judicial.

Whistleblower Aid, la organización que representa a los denunciantes, afirmó en un comunicado que esta política constituye “una violación flagrante de la Cuarta Enmienda”.

“Esta revelación es particularmente relevante ante reportes recientes de agentes del ICE que irrumpieron en viviendas, incluidas las de ciudadanos estadounidenses, sin orden judicial y expulsaron a residentes por la fuerza”, señaló la organización.

¿Desde cuándo se aplica esta directiva?

Según la denuncia entregada al Congreso, el memorando de Todd Lyons no fue distribuido ampliamente dentro de ICE, pero sí se ha utilizado en procesos de capacitación interna, lo que indica que ya está en marcha como base operativa.

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Los denunciantes advirtieron que la falta de difusión pública de la directiva ha impedido que personas potencialmente afectadas conozcan con claridad cuáles son hoy sus derechos frente a operativos migratorios en domicilios.

¿Qué implicaciones puede tener para las personas?

Especialistas en derecho constitucional anticipan que la medida podría derivar en:

• Demandas judiciales contra el DHS y el ICE.
• Impugnaciones de arrestos realizados sin orden judicial.
• Revisión por parte de tribunales federales sobre los límites de las órdenes administrativas.

Para las familias migrantes, el cambio implica un riesgo mayor de operativos domiciliarios, incluso sin una orden firmada por un juez penal.

¿Qué recomiendan abogados y organizaciones civiles?

Aunque cada caso es distinto, organizaciones legales en Estados Unidos recuerdan a la población que:

• Los agentes están obligados a identificarse.
• Las personas pueden preguntar si existe una orden judicial firmada por un juez.
• Nadie está obligado a abrir la puerta si no se presenta una orden judicial válida, aunque esta nueva política busca ampliar las facultades de ingreso.

Abogados migratorios recomiendan buscar asesoría legal inmediata ante cualquier intervención de ICE en domicilios.

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