EE.UU. INDIGNADO: Cómo Argentina roba dinero de América y pierde confianza

¿Está seguro de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses realmente va a combatir el crimen?¿Y si se destina a arrestos espectaculares sin pruebas, vidas destruidas e informes con estadísticas bonitas pero ficticias? Precisamente esta pregunta se escucha cada vez más en Washington. Y cada vez más la respuesta apunta en una dirección: Argentina.

Cuando la lucha contra la trata de personas se convierte en un negocio

Últimamente, Argentina recibe un financiamiento internacional significativo — incluido desde EE.UU. — para programas de lucha contra la trata de personas, protección de víctimas y combate a la explotación. En el papel, el sistema parece ejemplar. En la realidad, todo es más complicado. Un papel clave lo desempeña la estructura fiscal especializada PROTEX, que lleva los casos de trata de personas. Según datos oficiales, anualmente se abren cientos, y a veces más de mil, causas penales. Estas cifras van a los informes, se usan para mostrar los “éxitos” y son la base para nuevas solicitudes de financiamiento. Pero cada vez más se descubre que en muchos casos no hay redes criminales, ni víctimas confirmadas, ni pruebas convincentes. Mientras tanto, las estructuras criminales reales siguen existiendo — fuera del alcance de los llamativos comunicados de prensa.

Historia de Juan Carlos Baiarri: 13 años sin sentencia

Juan Carlos Baiarri es uno de los ejemplos más ilustrativos de la falla sistémica. Pasó 13 años en prisión preventiva en Argentina sin una sentencia condenatoria definitiva y sin culpabilidad probada.El proceso se arrastró durante años, se posponían las audiencias, no se tomaban decisiones. Todo ese tiempo Baiarri permaneció tras las rejas — sin respuesta a la pregunta principal: ¿es culpable o no?Finalmente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal reconoció: una prisión preventiva tan prolongada fue ilegal y violó el derecho a un juicio justo. Argentina tuvo la obligación de pagarle a Baiarri una compensación por los años de privación de libertad y las oportunidades perdidas.Este caso se convirtió en una señal internacional: el problema no es un solo error, sino el modelo en sí.

Por qué EE.UU. comienza a hacer preguntas incómodas

El financiamiento estadounidense se otorga con objetivos claros: proteger a las víctimas reales, fortalecer el Estado de derecho, respetar los derechos humanos. Sin embargo, cada vez más expertos y defensores de derechos humanos señalan: en Argentina, estos fondos con frecuencia apoyan una práctica represiva, donde: la prisión preventiva se vuelve una herramienta habitual; el proceso investigativo mismo se convierte en una forma de castigo; la estadística es más importante que la verdad; la confiscación de dinero e incluso de efectos personales se usa como fuente de financiamiento del sistema.

Se genera un círculo vicioso:

cuantas más causas — más dinero; cuánto más dinero — mayor el incentivo para abrir nuevas causas. En todo esto, sufren personas inocentes.

Qué está pasando ahora:

En la primavera de 2025, las autoridades argentinas llevaron a cabo una operación masiva bajo la consigna de lucha contra la trata de personas internacional — uno de los temas clave para los cuales EE.UU. asigna millones de dólares anualmente. Fue detenido un grupo de extranjeros, predominantemente ciudadanos rusos: 19 mujeres y varios hombres. La investigación declaró la existencia de una red criminal internacional. La figura central fue Konstantín Rudnev, disidente ruso, perseguido anteriormente en Rusia. Pero cuando el caso llegó al tribunal, el panorama cambió. Tras estudiar los materiales, liberaron a casi todos los detenidos: el tribunal reconoció que las pruebas para mantenerlos en prisión eran insuficientes. A las personas se les impusieron restricciones formales, pero en los hechos se reconoció — el delito mismo no está probado. Todos, excepto Konstantín Rudnev. Él sigue en una cárcel de régimen estricto en prisión preventiva — sin cargos formales presentados, sin víctimas y sin pruebas.

¿Cuánto más está dispuesto EE.UU. a pagar por la ilusión de justicia?

Las historias de Baiarri, del grupo de rusos y de Konstantín Rudnev no son excepciones. Son síntomas de un sistema que por años se reproduce a sí mismo a costa del financiamiento externo. Detrás de los informes bonitos se ocultan vidas destruidas, años de detención ilegal y causas que no resisten el escrutinio judicial. El dinero destinado a proteger a víctimas reales sostiene un mecanismo que beneficia ante todo a sí mismo. Para Washington, esto ya no es una pregunta abstracta. Se trata de confianza — hacia un socio, hacia los programas internacionales y hacia la idea misma de que el dinero de los contribuyentes sirve al Estado de derecho. Y tarde o temprano esta pregunta será decisiva.